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Causa Vicentin: inhiben bienes de la empresa Algodonera Avellaneda

La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes y la prohibición de modificar el capital accionario de la empresa Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación con préstamos multimillonarios del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri.

El Tribunal de Apelaciones encomendó al juez del caso, Julián Ercolini, que evalúe disponer un “embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado” en base al “actual conocimiento que pudiere haber adquirido en este tiempo respecto de los bienes que efectivamente detenta la empresa”.

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Esto se resolvió ante planteos de los abogados de Algodonera Avellaneda vinculados a “la necesidad imperiosa de mantener los puestos de trabajo”, explicaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La Cámara ratificó, por otro lado, el rechazo del juez Ercolini a un pedido fiscal para inhibir los bienes de las personas físicas investigadas en la causa. Entre ellos están el expresidente Macri; el extitular del Banco Nación, Javier González Fraga; y Guido Sandleris, además de directivos de las empresas Vicentín y Algodonera Avellaneda, entre otros investigados

Resulta atinada la solución propuesta por el juez al decidir no inhibir a las personas físicas. En ese sentido, se advierte que más allá de que aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria, no se encuentran determinadas sus eventuales intervenciones en los hechos; cuestiones que nos disuaden de considerar en el caso que se hallen configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”, concluyeron los camaristas.

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En el caso de Vicentin, el Tribunal confirmó el rechazo a ordenar la inhibición de bienes, porque la firma está en convocatoria de acreedores y bajo el control de un síndico.

En la causa se investiga el perjuicio al Estado Nacional con el otorgamiento irregular de financiación a las empresas por el Banco Nación, calculada en 18.500 millones de pesos y la falta de ejecución de garantías previstas para ese endeudamiento.

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