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La ONU apoya el proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Emabarazo

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Dubravka Šimonovic, celebró este lunes el envío de los proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, y dijo que “dan cumplimiento a las obligaciones internacionales” del país “en materia de derechos humanos”.

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El pasado 26 de noviembre, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, informó a Šimonovic sobre el envío al Congreso de la Nación de las iniciativas para legalizar el aborto y para garantizar el Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia por parte del Poder Ejecutivo.

Šimonovic recordó que tras su visita al país en 2016, señaló que “la penalización del aborto, sumado al hecho de que personal médico solicitara autorización judicial a la hora de practicar interrupciones del embarazo incluso cuando se debían realizar dentro de las causales previstas en el Código Penal, convertía al aborto en una práctica inaccesible incluso en los casos excepcionales contemplados por la ley“.

La Relatora Especial aseguró que entonces recomendó “que se suprimieran las medidas punitivas que penalizan a las mujeres que se someten a abortos y se aprobara una ley que regulara los abortos legales, al menos en lo concerniente a embarazos resultantes de una violación o incesto, en los que la vida o salud de la embarazada esté en peligro y en los que exista una deficiencia fetal grave”.

También sugirió “que se establecieran requisitos justificativos para evitar la invocación general de la objeción de consciencia por los médicos que se nieguen a llevar a cabo abortos”.

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Tras destacar la importancia de la legislación tendiente a proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, manifestó el apoyo de su mandato a estas iniciativas y solicitó que se tomen “las medidas necesarias para promover y aprobar los proyectos de ley en el Congreso Nacional, en cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Argentina”, informó Télam.

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