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Imputaron a Victoria Donda por ofrecer un cargo en el INADI a su empleada doméstica

La justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa.

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.

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Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el juzgado federal 12. El magistrado le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado COVID-19 y en su reemplazo -hasta que termine su aislamiento- actúa Eduardo Taiano.

Según fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Descargo

Cuando se conoció la denuncia, Donda, a través de su cuenta oficial en Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica.

Donda había dicho que: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que le realizara alguna contraprestación en su barrio”.

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La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Además se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa.

La investigación comenzó. Será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.

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