La motosierra no hace distinción y ahora llegó a los Parques Nacionales que resguardan el patrimonio natural del país. Gracias al DNU de Javier Milei, el 50% de los trabajadores de las 55 áreas protegidas en Argentina se quedarían sin trabajo el próximo 31 de marzo, ya que están prestando servicios a través de contratos precarizados.
“Estamos viviendo esta situación con mucha angustia. Recién la semana pasada se designaron autoridades del parque, y ahora se está regularizando a los compañeros que estaban trabajando sin contrato desde enero, pero estamos a la espera que no se caigan el 31 de marzo”, indicó María Llorens, que trabaja en la Administración de Parques Nacionales de Córdoba.
Y agregó que, además de gran recorte en el personal, el gobierno libertario pretende avanzar con el desfinanciamiento, para luego “hacer negocios con el sistema de parque nacionales”, olvidando que tienen por objetivo final nada menos que la conservación y la protección de los ambientes.
“El decreto que quiere implementar el sistema de revisión de contratos cada tres meses es un sistema muy perverso, sobre todo para este tipo de administraciones. Nosotros trabajamos en conservación, no podemos proyectar o armar un plan de gestión de un parque cada tres meses cambiando el personal”, señaló Llorens en declaraciones a La Nueva Mañana y remarcó que es una modalidad inviable porque para este tipo de actividades se necesitan contratos, “mínimamente”, anuales para poder proyectar un manejo de conservación, de manejo de uso público, de turismo, que es la tarea que se hace desde la Dirección Regional Centro.
Por su parte, el guardaparque Gabriel Brizuela, que trabaja hace 17 años en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, sostuvo que "la situación que atraviesan los parques nacionales es apremiante, pero no es la primera vez que un Gobierno intenta hacer esto”
El también delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) subrayó que “los brigadistas de incendios forestales, contratados bajo el artículo 9/ 2098, son los más precarios de todos y son justamente los que arriesgan sus vidas yendo al combate del fuego; es un laburo tremendamente insalubre y no hay un reconocimiento de la actividad de alto riesgo”. Ganan sólo 420 mil pesos, muy por debajo de la línea de pobreza.
Además, según sostuvo Brizuela, en Córdoba “ninguno de ellos es planta permanente, solo contratados; y para trasladarse al lugar de trabajo lo hacen en su propio vehículo o en colectivo, pero ya sin el pase del descuento. Varios de los que trabajan en el Parque Nacional la Quebrada del Condorito son de la zona, viven en Río Los Sauces, que está en el mismo camino de las Altas Cumbres en la ruta 34, pero al estar a 30 o 40 km del parque, si la plata no alcanza aplican un régimen de cuatro días por tres. Es decir, se quedan en el parque cuatro días y luego pueden volver. La idea es ahorrar y que no signifique ir a laburar solo para pagar transporte y comida”.
“Entonces están servidos en bandeja para que el Gobierno de hoy les pase la motosierra”, indicó el guardaparque.
Un territorio inmenso con muy poco personal para cuidarlo
Contrariamente a lo que dicen Milei y sus funcionarios sobre la gran cantidad de personas empleadas en el Estado, en este caso faltan trabajadores, ya que en el existen 55 áreas protegidas, que comprenden unos 18 millones de hectáreas y para ello, solo hay 2.200 trabajadores en todo el territorio nacional -se calcula un trabajador cada 8.000 hectáreas-. De ese total, el 50%, unos 1.100 trabajadores, de efectivizarse la medida presidencial, el 1 de abril se quedarán sin su fuente de trabajo.
Para poder preservar un área protegida, no solo son necesarios los guarparques y brigadistas sino también trabajadores administrativos, biólogos, arqueólogos, técnicos, cuyas tareas aportan a la reintroducción de especies nativas y control y erradicación de especies exóticas para la protección de los parques.
La situación de Córdoba es tan compleja que para los tres parques nacionales (Traslasierra, Quebrada del Condorito y Parque Nacional y Reserva Asenuza) hay sólo una dotación de 95 personas y el 60% de ellas está en condiciones de contratos precarios. En la provincia, toda la estructura recibirá el impacto de los despidos.
Atrás del recorte y los despidos para ajustar los números hay carreras profesionales, proyectos de vidas, necesidades y muchos sueños, indicaron los trabajadores.
Qué hay detrás de la idea de desmantelar los Parques Nacionales
Según indicó Brizuela a LNM, los parques nacionales son “el último relicto” de preservación del mínimo 3% de bosque nativo que queda en la provincia que abarca el ambiente chaco serrano, del monte de espinal en el caso de Traslasierra, de los bañados y esteros en otros sectores.
“Esto ha sido provocado por las políticas del desmonte, por el avance de las fronteras agroganaderas, especialmente de la soja, granos de cereales y con el avance de la frontera inmobiliaria que es brutal. No queda prácticamente cubierta vegetal en la provincia salvo estos lugares que son los parques nacionales y en algunas reservas provinciales que dejan mucho que desear porque al depender de las provincias los presupuestos son mínimos”, remarcó.
Los tres parques nacionales que hay en Córdoba representan lo último que queda de los ambientes naturales con toda la biodiversidad que contienen. “Nosotros cuidamos la cuenca para que la gente abajo pueda consumir el agua potable. Todo eso es lo que están en riesgo, realmente es tremendo que estas políticas puedan ir quitando al máximo esa posibilidad de seguir protegiendo los ambientes naturales que son claves, para la continuidad de la vida y la salud inclusive de la población”, destacó Brizuela y agregó que además, de la protección, “los parques nacionales aseguran soberanía”.
El guardaparque amplió, indicando que el gobierno quiere avanzar sobre los territorios protegidos “para la explotación, la venta, para que vengan las multinacionales a buscar los recursos que hay como el agua, los acuíferos”.
Además, la protección de las áreas naturales trata de evitar que esos territorios se degraden por la actividad productiva, extractiva, también por la caza fortuita, el tráfico de fauna, la contaminación de los ríos, el saqueo de maderas por parte de empresas que sacar árboles de manera ilegal, y van haciendo enorme daño en el ambiente. “Todo esto explica por qué tienen que seguir existiendo los parques nacionales”, indicó Brizuela.
“Es fundamental que los parques nacionales estén bajo resguardo del Estado porque en manos de privados, particulares, o el mercado -como auspicia este tipo de políticas del Gobierno- lo que se pone por delante son los negocios, solo rentables”.
“Tiene que si o si existir este organismo en la órbita del Estado y nosotros, las y los trabajadores de Parques Nacionales nos tenemos que poner al frente de la continuidad de las políticas que están destinadas a la conservación de la naturaleza”, dijo Brizuela “porque los funcionarios que pasan, que son puestos a dedo por los gobiernos de turno tienen otros intereses. Por eso, somos también el objetivo a despedir”, concluyó el guardaparques.