El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal en la que sostiene que cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal son "inexistentes", y que uno de ellos incluso "funcionaba" en un barrio privado.
La denuncia se refiere a los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, presentado el 8 de enero de 2020 como un plan para garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
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Bajo la dirección de Sandra Pettovello, la investigación ministerial reveló que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos, lo que evidenció un "descontrol" del estado nacional respecto al flujo de alimentos, según indicaron en el informe. A esto sumaron las denuncias por prácticas extorsivas y una serie de allanamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce Pettovello y del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom).
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.
Falta de controles
Según la denuncia presentada, el proceso constaba de tres pasos resumidos de la siguiente manera: en un primer lugar la preinscripción; en segundo lugar la validación; y finalmente la matriculación.
Esta última etapa matriculaba por un lapso de dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, es decir, en 2022. Si el comedor o merendero no era validado, no debía seguir formando parte de los beneficiarios. Teniendo en cuenta este factor, la auditoría afirma que la gestión anterior "no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería".
"La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento", relata la presentación judicial.
La denuncia sostiene que durante la gestión anterior hubo un "descontrol" del estado nacional respecto al flujo de alimentos.
El Gobierno asegura que solo pudo relevar el 52,3% (1247 establecimientos) de todos los comedores que aparecen en el Renacom y que el restante 47,7% no pudo ser relevado, dado que son catalogados como "inexistentes" por distintos motivos.
Según la presentación judicial, entre las razones por las cuales ese porcentaje de los comedores no pudo ser evaluado adecuadamente se encuentran que el 32% de estos están fuera de funcionamiento; discrepancias entre los datos de preinscripción y la realidad (25%); y direcciones declaradas que nunca albergaron un comedor (casi el 16%)
En la denuncia, desde Capital Humano señalaron que "Conquistando Sonrisas"; "Pequeños Gigantes de Quilmes"; "Cielos Abiertos"; "Los Peques de San Alberto" y "Luz y Esperanza" son algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados.
Uno de los casos más llamativos es el del comedor "Gauchito Gil", que según el Gobierno fue registrado con la dirección de un barrio privado. También citan el caso de "Sol de Barrio", un supuesto comedor que no pudo ser localizado y que, según vecinos de la zona en la que debería estar ubicado, nunca funcionó.
"En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular se demostró que tampoco existía", aseguraron los denunciantes.
Con este todo panorama, la actual gestión presentó cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude contra la Administración Pública.
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