Serguéi Kuzhuguétovich Shoigú es un político ruso de origen tuvano y general del ejército que se ha desempeñado como uno de los más estrechos colaboradores militares del presidente Putin. Primero fue ministro de Defensa de la Federación Rusa desde 2012 hasta que el presidente reemplazó a Shoigu en la Defensa en una reestructuración del gabinete en mayo cuando comenzaba su quinto mandato y lo designó secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.
La Corte Penal Internacional (CPI) acaba librar una orden de arresto internacional contra el jerarca porque los jueces consideraron que había motivos razonables para creer que Shoigú y otros altos mandos rusos son responsables de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica de Ucrania” desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos 9 de marzo de 2023.
“Durante este período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica en múltiples lugares de Ucrania”, añadió el tribunal.
La orden tiene más valor político que práctico ya que no hay posibilidades inmediatas de que ninguno de los acusados sea detenido. Rusia no es miembro del tribunal global, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos.
Ya el año pasado, el tribunal había emitido una orden de arresto contra el mismísimo presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú de ser presunto “responsable a nivel penal” de haber cometido actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.
“Existen motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023″, señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.
Durante ese período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo “un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades” de Ucrania.
La Sala también ve “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.
Además, denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, lo que hace creer que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.
Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.