El Senado aprobó este jueves la ley que amplía el registro de datos genéticos, con particular interés en el uso de ADN para el esclarecimiento de delitos de índole sexual.
Se trata de una de las iniciativas del paquete de La Libertad Avanza relacionada con la seguridad. En la votación en el recinto recibió 39 adhesiones, sin rechazos. Los senadores de Unión por la Patria se abstuvieron.
Los mandatos de la ley estarán bajo la articulación del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona
El registro “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios” con “el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, según consta en el primer artículo de la flamante ley.
El Registro almacenará y sistematizará los siguientes perfiles genéticos: “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”; y “de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen”, siempre que la misma “hubiera dado su consentimiento expreso”.
Entre quienes expusieron en la Cámara Alta, Carolina Losada (UCR) dijo que la “tasa de impunidad en homicidios es del 40%” y que en la actualidad existen “1.777 chicos desaparecidos, con búsquedas activas”.
Para justificar su acompañamiento al proyecto, Losada hizo referencia al caso de Lola Chomnalez en Uruguay: se logró resolver tras años de investigación y la disponibilidad de un registro de similar naturaleza.
Enfrentado a esta posición, Oscar Parrilli (Unión por la Patria) dijo que la ley parece representar “un paso adelante, pero en realidad, estamos retrocediendo varios pasos”.
Según entiende el hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner, los errores del proyecto radican en que se extiende a todos los delitos (sin importar su gravedad) “vulnerando la presunción de inocencia”, con un “mapeo de imagen para todos los ciudadanos”. No fue la única crítica vinculada a la potencial afectación en materia de derechos humanos.