En Setiembre el Senado, por amplia mayoría, aprobó una ley de financiamiento universitario que el presidente Milei vetará el jueves 3 de octubre.
En medio del cruce mediático y de redes, argumentos y contra argumentos, cifras, estadísticas y opiniones, puede resultar complejo establecer cuáles son las diferencias más significativas entre estas dos miradas.
Por un lado, el proyecto consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias y, por el otro, el contenido en el proyecto de presupuesto con que el oficialismo propone administrar las universidades públicas en 2025.
Un poco de antecedentes
La ley de financiamiento universitario fue aprobada en setiembre en el senado con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Se registraron en ese momento, cuatro integrantes del senado ausentes. El presidente Milei anunció que vetaría el texto completo de la ley el 3 de octubre, es decir, 24 horas después de la movilización prevista para la jornada de este miércoles.
Lo cierto es que la ley fue el resultado de la falta de respuesta del ejecutivo al amplio proceso que culminó con la movilización del 23 de abril de este año.
Qué propone la Ley
- Declarar la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales
- Ajustar los gastos de funcionamiento automáticamente, conforme a la inflación registrada
- Incremento bimestral en base al IPC
- Redefine los criterios para distribuir el presupuesto entre las casas de estudio (Cantidad de alumnos, tipos de carrera, número de egresados, vacancia, desarrollo de investigación y extensión)
- Actualización salarial mensual en base al IPC
COSTO FISCALRESULTANTE DEL PROYECTO DE LEY: 0,14% DEL PBI
El Presupuesto Universitario MILEI
- Aumento total del presupuesto universitario: 28%
- Suspende la ley de financiamiento educativo
- Anula los artículos 5, 6 y 7 de la ley 27614 (obligación de destinar 1% del PBI a ciencia)
- Anula el artículo 52 de la ley 26058 (Fondo nacional para la educación técnico profesional)
- Duplica el presupuesto de la SIDE
Destina 3.8 billones de pesos de fondos públicos a las Universidades cuando el CIN estimó un requerimiento de casi el doble (7.2 BILLONES)