A finales del año pasado el fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales que, en su conjunto, cobraron más de 7 mil millones de pesos anuales.
En Córdoba la investigación es llevada a cabo por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian quien dio detalles de la evolución de esa causa.
Lo primero que detectó es que en algunos casos la normativa permitía el cobro simultáneo de un plan social y un salario y por ende, no había allí delito lo que motivó el archivo de esas actuaciones. Se trata en general de situaciones donde el empleo tenía una remuneración inferior al salario mínimo.
Hasta el presente, el fiscal señala que se han formulado cargos en cinco causas. "Es una defraudación contra la administración pública que se le reprocha al que siguió cobrando el plan y no dijo nada después de haber conseguido un trabajo en blanco", indicó.
En este punto, el fiscal resalta que un problema central fue la falta de comunicación entre las administraciones nacional y provincial. En la práctica, el empleo dependía de la administración de la provincia mientras que la asignación del Plan Potenciar Trabajo dependía de la nación.
"Ambas administraciones no tuvieron la conectividad o la comunicación suficiente en sus sistemas para detectar rápidamente que una persona no podía estar cobrando al mismo tiempo un plan y al mismo tiempo el sueldo de la administración pública", explicó.
De acuerdo a las pruebas reunidas dijo el fiscal que “no es que hayan estado complotados o confabulados los funcionarios que pagaban los planes". Todo indica que se trató de situaciones de falta de control, de incapacidad o de alguna combinación de ambas.
Penas
Las consecuencias más previsible para quienes cobraron indebidamente, es que deberían devolver lo que cobraron en exceso. "Igual no estamos hablando nunca de plazos de 5 años, son meses, lo que se cobró de más. Pero sí, tienen que devolverlo porque es un enriquecimiento sin causa o indebido, con una fuente ilícita”, planteó el fiscal.
En ese sentido, indicó que ya ha habido algunos imputados en estas causas que tras ser indagados se ofrecieron a devolver lo que cobraron indebidamente. "En la ley penal actualmente eso puede ser una causa para cerrar la reparación integral del daño”, adelantó pero aclaró que solamente bajo ciertas circunstancias.
“Si hay alguien que cobró de más tres o cuatro meses un plan que no le correspondía, no tiene antecedentes penales y devuelve lo que cobró de más, es muy probable que esa causa penal se cierre porque en la ley está previsto que para esos casos menores la reparación integral del daño puede extinguir la acción”, precisó.