Este jueves, y por expreso pedido de los abogados de la querella, la Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz inció el procedimiento para la toma de muestras de ADN a efectivos policiales que trabajaban en la ciudad en 2015, año en que Andrea Castana fue asesinada en el Cerro de la Cruz.
Las primeras muestras, parte de un total de 40, fueron recolectadas en la repartición judicial, y abarcan tanto a hombres como mujeres que formaban parte de la fuerza en aquel entonces y prestaban servicio o tenían domicilio en Carlos Paz. Se espera que en los próximos días se terminen de recolectar el total.
¿Registro incompleto por negligencia o complicidad?
La querella constató que el “Registro Provincial de Perfiles” previsto por la ley provincial 9864, que es obligatorio para todos los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales, no está actualizado ni completo. Recordemos, esta ley surgió como parte del proceso disparado en los intentos por capturar al “violador serial” Víctor Sajen.
La preocupación por el incumplimiento llevó a los abogados de la querealla, Daniela Pavón y Gerardo Batistón, a consultar con el Ministro Quinteros, el que "puso a disposición todo lo que sea necesario para colaborar en el caso", según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
En la presentación que los abogados querellantes hicieron a la fiscalía resaltaron la preocupación por las “graves deficiencias técnicas” durante la búsqueda y preservación de evidencias en el sitio en dónde fue encontrada Andrea, que son “achacables a las fuerzas de seguridad que actuaron en ese momento”. A lo que suman el “inexplicable extravío temporario” de un sumario en el que actuó el mismo agresor.
Señalan entonces que estas circunstancias los “hacen sospechar de la intervención en ambos hechos – con algún grado de participación – de personal que está enumerado en el Art. 7 inc. E de la ley 9864”, esto es, de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
La idea es continuar con la recolección de datos genéticos entre los efectivos policiales que cumplían funciones o tenían domicilio por esos meses de 2015 en la Departamental Punilla, en Villa Carlos Paz.
El objetivo es cruzar los perfiles genéticos con el hallado en el cuerpo de Andrea, en un intento por desentramar un caso que lleva años sin justicia.
El caso
Andrea Castana fue asesinada el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz. Salió ese día decidida a subir por el Vía Crucis hasta la enorme cruz.. Nunca regresó y cuando se denunció su desaparición, cientos de personas participaron de la búsqueda.
Dos días después su cuerpo apareció semienterrado y dispuesto en el tronco seco de un árbol. La autopsia determinó que había sido violada y estrangulada.
Tras años de una investigación que no lograba avanzar, en 2022 se produjo un hallazgo clave: el perfil genético encontrado en el cuerpo de Andrea coincidió con el de otro caso de violencia de género registrado en 2004, también en el mismo cerro.
Este descubrimiento encendió las alarmas y reveló un posible vínculo con otros tres casos de abuso sexual ocurridos entre 2004 y 2005, con la misma metodología y en el mismo lugar.
Con esos datos, la Fiscalía comenzó a buscar patrones genéticos similares para acercarse al perfil del violador y asesino. Para esto, tomó muestras de ADN de hombres que trabajaban en la zona del Complejo Aerosilla, en la base del Cerro de la Cruz, y en las viviendas cercanas, siempre con resultados negativos.