Los rumores sobre “acomodos” en el poder judicial siempre han existido. Juzgados con familiares de titulares de otros juzgados, amistades o parentelas promovidas por fuera de los órdenes de mérito; en fin, muchas historias, pocas o ninguna prueba concreta.
Eso hasta el lunes pasado, cuando el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) presentó ante el mismísimo Superior Tribunal una denuncia que puede adquirir el estatus de “escándalo” muy prontamente.
Concretamente lo que se denuncia es que en un concurso de auxiliares de colaboradores de los asesores penales, se habría producido una filtración de las preguntas del examen escrito, lo cual habría permitido que algunas de las personas aspirantes obtuvieran calificaciones sobresalientes, que las habrían colocado un escalón por encima del resto.
Este concurso es hoy por hoy un procedimiento rutinario de acceso al poder judicial, con reglamentos y protocolos perfeccionados hace más de una década.
Las prioridades son la transparencia y el mérito; su aplicación suele mostrarse como ejemplo en la designación de cargos en la esfera pública.
Lo que se habría filtrado son las respuestas de un test multiple choice, la prueba escrita prevista en el reglamento del concurso. Al menos dos personas habrían obtenido los 35 puntos previstos como puntaje máximo y una tercera obtuvo 34 puntos. Ninguno de los otros postulantes alcanzó ese puntaje perfecto o casi perfecto.
En principio las personas beneficiadas habrían actuado en connivencia con un funcionario del Poder Judicial que se desempeña en el fuero Penal y que tenía acceso al cuestionario que se presentó a los postulantes y formaba parte del tribunal examinador. La denuncia del gremio lo cita con nombre y apellido. Al menos una de las personas sospechadas, tendría parentesco político con el funcionario y se especula que este es el origen de la “filtración”.
Investigación en curso
Apenas recibida la nota del gremio, el TSJ tomó la iniciativa para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
Se ordenó a la Secretaría de Sumarios Administrativos que abriera una investigación interna y ya e habrían inicido las primeras medidas probatorias.
A la hora en que se escribe este artículo, Federico Corteletti, Secretario General de la AGEPJ, estaba ingresando a Sumarios Administrativos para dar su testimonio en el marco de la investigación.
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