Hasta hace una década, la ley argentina penalizaba la manifestación pública de una identidad de género no asignada al nacer. A este escenario se sumó que algunos manuales internacionales de salud seguían considerando estas conductas como patologías.
Pese a que el escenario cambió y Argentina ha transitado un largo camino en materia de derechos y avances legislativos para este colectivo, la discriminación persiste.
El activismo travesti-trans ha sido fundamental para visibilizar esta problemática y ampliar el concepto de ciudadanía, promoviendo una mayor inclusión y reconocimiento de derechos.
Pioneras y de vanguardia
El 9 de mayo de 2012 se sancionó en Argentina la Ley de Identidad de Género y fue el resultado de una gran lucha colectiva de organizaciones travesti-trans del país. La legislación, pionera en el mundo, permite el cambio de identidad en el documento sin requerir previamente diagnósticos médicos o psiquiátricos u operaciones por cambio de sexo.
Esta Ley es considerada de vanguardia no sólo por sus significativos reconocimientos legales y sociales a las identidades travestis-trans, sino también por el nivel de organización política que supuso la participación de los activismos y sus alianzas para acordar estrategias, demandas y definiciones en la lucha por estas conquistas.
Si los avances que representa esta Ley, junto a otras como las de Matrimonio Igualitario y Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, son la punta del iceberg: ¿qué hay debajo de la superficie? ¿cómo se llegó hasta acá? ¿qué estrategias de lucha son necesarias en el presente y a futuro?
Estas son algunas de las preguntas que abordó Fide Azarian, doctora en Ciencias Políticas por la UNC, para su beca doctoral en el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (Idejus) del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.
“Estos logros no se dieron por la evolución natural de la sociedad o de la cultura. Tienen que ver con relaciones de poder, con relaciones de fuerza que en un momento se fueron cruzando”, asegura la investigadora y apunta que para entender estas construcciones hay que reflexionar sobre sus condiciones históricas de posibilidad o imposibilidad, según los contextos.
En su investigación, analizó la emergencia, constitución identitaria y devenir del colectivo travesti-trans en Argentina. Para ello abordó los procesos de configuración de este colectivo en nuestro país desde la década del ´90 hasta la actualidad, en articulación con otros movimientos sociales y políticos.
En este sentido, no buscó realizar una cronología desde un método histórico tradicional sino que se propuso rastrear genealógicamente en el pasado las condiciones que hicieron posible estas luchas en el presente.
“No problematizo las categorías identitarias desde las expresiones sexogenéricas sino que trato de comprenderlas como identificaciones políticas. Son definiciones que surgen de procesos de lucha que, de manera contingente y hasta precaria o provisoria, fijan determinados límites que suponen exclusiones, y eso que queda excluido puede romper la frontera y entrar por otro lado o puede ser resignificado”, explica la especialista.
Gentileza ATTA Córdoba
Detrás de las identidades reconocidas por la Ley
La tesis identifica tres etapas o procesos que permiten pensar la construcción del movimiento travesti-trans como sujeto político en Argentina: emergencia, constitución y devenir identitario.
El primero surge en oposición a un sistema cisheteronormado institucionalizado que criminalizaba el travestismo, el trabajo sexual y la homosexualidad. El segundo proceso se inicia con la lucha por la identidad de género, momento bisagra a partir del cual este colectivo se consolida, en el marco de un nuevo tiempo político de reconocimiento de derechos. El tercer momento se refiere a la coyuntura reciente y actual, marcada por las luchas por la inclusión del colectivo.
Por otro lado, analiza cómo las categorías travesti, transexual y transgénero definidas en la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins sancionada en 2021, representan distintas expresiones y autopercepciones de género que responden a demandas y diferencias políticas que surgieron a lo largo del recorrido.
“En el caso del travestismo, tuvo que ver con reivindicar un modo de vida que no encajaba en el binario. Tuvo relación con un proceso de politización, porque ‘travesti’ era un insulto, un nombre degradante y hubo un trabajo para resignificarlo, revalorizarlo y convertirlo en una identidad política afirmativa. Fue la lucha por el derecho a ser”, explica la investigadora.
Gentileza ATTA Córdoba
Devenir histórico del colectivo
A fines de los ‘80 y principio de los ‘90, el activismo transexual comienza la lucha por el cambio de sexo y aparecen las primeras referentas y referentes.
En oposición a la represión policial que se daba en plena democracia, travestis y transexuales emergieron como sujetos políticos. Junto a activistas homosexuales y organismos de derechos humanos, se luchó por el desmantelamiento del aparato represivo heredado de la dictadura y por visibilizar las libertades que faltaban.
En ese período se forjaron alianzas estratégicas con otros movimientos sociales (agrupaciones gay-lésbicas, feministas, piqueteras) para derogar los edictos policiales y los códigos contravencionales que criminalizaban y penalizaban el travestismo y la prostitución.
En el marco de estas luchas, fueron construyendo sus liderazgos Lohana Berkins, Marlene Wayar, Nadia Echazú, Pía Baudracco, María Belén Correa, quienes fundaron agrupaciones muy importantes como Attta (Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) y Futuro Transgenérico, entre otras.
En 2001, frente a la crisis social, política y económica que vivió el país, el activismo travesti-trans encontró una oportunidad para tender puentes con otras luchas.
“Lohana Berkins cuenta que cuando De la Rúa declaró el estado de sitio en 2001, ellas, que siempre habían vivido sitiadas y excluidas, se fundieron en un solo grito de rebeldía con otras organizaciones populares», retoma Azarian y remarca que en dicha coyuntura también emergieron nuevas lideresas y organizaciones travestis piqueteras como Diana Sacayán o Maite Amaya en Córdoba.
Gentileza ATTA Córdoba
Reparar injusticias y reconocer derechos
A partir de 2003 comenzó una nueva etapa política, con una clara interpelación al colectivo travesti-trans, y a los movimientos sociales en general, por parte del Estado. Con el acento puesto en los derechos humanos se dio la articulación con diversas organizaciones para reparar injusticias, politizar y visibilizar las desigualdades.
Un hito de este proceso fue la sanción del matrimonio igualitario en 2010. Para lograr esta aprobación, se construyó políticamente una lucha que tenía una prioridad común, a pesar de las diferencias.
“En ese momento el activismo travesti-trans tenía datos de las extremas y paupérrimas condiciones de vida y de la marginalidad de su colectivo, lo que hizo difícil pensar en la prioridad del matrimonio”, recuerda la investigadora.
Sin embargo, aclara que sabían que, estratégicamente, ese era el puntapié para destrabar otras luchascomo la identidad de género, fertilización asistida, legalización del aborto, cupo laboral trans o reconocimiento legal de las identidades no binarias.
En este escenario de conquista, la organización posibilitó discusiones muy valiosas como la diferenciación de las categorías diversidad y disidencia sexual.
Muchos de estos activismos comienzan a identificarse con la disidencia, que reivindicaba otro modo de vivir que no entraba dentro del lenguaje del Estado. Sin embargo, la categoría diversidad fue la que permitió significar y nombrar todo un campo de luchas por el reconocimiento de derechos en ese contexto
Con la sanción de estas leyes; la emergencia del “Ni una menos” contra la violencia de género; y la marea verde que irrumpió en las calles en demanda de aborto legal, seguro y gratuito, el movimiento travesti-trans encuentra otra vez espacios de luchas en común con los feminismos.
Sin embargo, en la actualidad existe un reclamo por más reciprocidad: “Vamos a la marcha contra los femicidios y después a las marchas contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, el 28J, no viene nadie; cuesta que puedan incluir reconocimientos de derechos laborales para las trabajadoras sexuales en documentos de las marchas del 8M y no fue fácil que entren las travestis al Encuentro Nacional de Mujeres porque no eran leídas como tal”, cuenta la investigadora sobre su experiencia en el campo.
Conservadurismo y neoliberalismo
La contracara de estos activismos es la lógica política del conservadurismo y, ahora, el neoliberalismo. Estas corrientes que ganaron fuerza en los últimos años hacen pensar en lasluchas de las disidencias sexogenéricas como contrahegemónicas, con mucho potencial para resignificar los idearios políticos centrados en la idea de libertad.
Para la investigadora, lo que antes se relacionaba con la iglesia y el conservadurismo moral y sexual, hoy puede verse como un proyecto de sociedad y nación modulado desde el Estado-nación.
“Sin dudas, hoy estos activismos se encuentran amenazados por un proyecto político de extrema derecha que bajo el manto de ‘la ideología de género’ apunta sus flechas al corazón de los derechos igualitarios conquistados en los últimos años”, opina.
No obstante, para Azarian el colectivo travesti-trans cuenta hoy con un profuso archivo de experiencias y tradiciones de luchas. “De allí se puede extraer el saber y el poder necesario para recrear los imaginarios emancipatorios y participar en la construcción de una nueva hegemonía popular”, alienta la investigadora.
Imágenes: gentileza ATTA Córdoba.