Hace semanas, tras la publicidad mediática que concentró el caso del adolescente de 15 años que fue detenido en reiteradas oportunidades, en Córdoba la dirigencia política parece interesada en discutir qué abordaje utilizar para el tratamiento de menores de edad involucrados en delitos.
Este viernes el legislador y presidente del bloque Hacemos Unidos en la Legislatura, Miguel Siciliano, solicitó a los diputados nacionales a bajar la edad de imputabilidad para que aquellos “menores que delinquen puedan ser castigados por el Código Penal”, según expresó en el programa Punto y aparte, que se emite por Punto a Punto Radio.
“Estoy convencido de que mi hijo de 15 años comprende perfectamente la criminalidad de apuntar con un arma para robar”, dijo Siciliano en la misma entrevista
Por su parte, anteriormente la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, adelantó que enviarán un proyecto a la Legislatura para definir cómo actuar ante casos “excepcionales” de jóvenes en edad no punible.
Este debate que componen menores y delitos, toda una discusión filosófica y técnica desde el punto de vista del Derecho, tomó temperatura en los últimos días cuando se viralizó el caso de un joven de 15 años que en 2024 acumula 18 registros en el sistema judicial.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba decidió en una sentencia del 29 de octubre pasado que no hay ninguna excepción que permita una medida privativa de la libertad en el caso de menores no punibles.
Volviendo a los dichos de Siciliano, su propuesta contaría con el aval de compañeros de banca y no excluyó de los apoyos a la oposición en la Legislatura.
“Tenemos que discutir qué lleva a un chico a delinquir y no estar en la escuela. Ahí el Estado en todos sus niveles tiene que asumir sus responsabilidades”, agregó el legislador en la misma entrevista
Siciliano propone la creación de una “mesa interdisciplinaria” para el abordaje de la problemática de los menores en conflicto con la ley penal. Esta instancia estaría integrada por representantes de la Legislatura, los Ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Humano, así como el Poder Judicial y la Fiscalía General.