El Gobierno nacional está trabajando en un proyecto de ley que busca tipificar a las barras bravas como organizaciones criminales, con el objetivo de desmantelar estas agrupaciones y los negocios ilegales que las rodean. La propuesta, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de Presidencia, apunta a tratarlas como asociaciones ilícitas, con penas más severas tanto para sus integrantes como para los dirigentes que colaboren con ellos.
El eje principal del proyecto es la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales, lo que permitiría considerar sus actividades como delitos de asociación ilícita. Esto implicaría aplicar penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades. Además, los dirigentes de los clubes que entreguen entradas a las barras o mantengan connivencia con ellas podrían recibir sanciones de hasta seis años de prisión.
La iniciativa también ataca los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por "trapitos" en las inmediaciones de los estadios, otra práctica que será castigada penalmente. El enfoque general de la ley busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, que lucran mediante amenazas y extorsión.
Otra medida es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa, permitiendo que las autoridades puedan impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme. Un ejemplo de esta política se dio con Rafael Di Zeo y "Skeletor" Maciel, dos jerarcas de "La 12", la barra de Boca Juniors, que fueron imputados por tenencia de armas y se les aplicó una restricción de concurrencia por tiempo indeterminado.
El proyecto también responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a las barras operar con impunidad dentro de los estadios.
Esta iniciativa se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia en el fútbol y la necesidad de medidas más efectivas para combatirla. El Gobierno espera que, con la aprobación de este proyecto, se pueda avanzar en la erradicación de las barras bravas y mejorar la seguridad en los espectáculos deportivos.