El juez Enrique Alonso Requeira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, hizo lugar a una medida cautelar que frena los despidos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
La presentación fue realizada por diferentes asociaciones civiles a partir de la reorganización dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación.
La resolución que firmó Requeira apunta a que el Estado nacional no presentó en el expediente judicial constancia sobre la garantía de la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas.
Otras de las falencias que señaló el magistrado refieren a que las autoridades tampoco han explicado en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El planteo judicial fue presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Tras la admisión de la cautelar en los tribunales federales, el Ejecutivo deberá abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada al trabajo que debía llevar adelante la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Además deberá sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos.