El sistema sanitario argentino, en “estado de emergencia”
Por Guillermo Heredia
Preocupados por lo que suponían iba a ocurrir con el sistema sanitario en la Argentina luego de la asunción del presidente Javier Milei, un grupo de interesados en preservar la salud pública formó a mediados de 2024 la Mesa por la Defensa de los Derechos de la Salud.
A la iniciativa de médicos comprometidos con la situación social se sumaron representantes de obras sociales, colegios profesionales, gremios, sindicatos y diferentes organizaciones no gubernamentales. Aquel encuentro no fue más que la piedra fundacional de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, que se concretó a fines de febrero en las principales ciudades del país para denunciar que el sistema sanitario está “en emergencia”, principalmente por el “proceso de descentralización y desregulación” (¿privatización?) que impulsa el Gobierno.
Una de las caras visibles con tonada cordobesa en ese movimiento es el doctor Oscar Atienza, médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y magister en Salud Pública, quien sostiene que “a nivel nacional se está produciendo un vaciamiento del sistema de salud, que no avanzó más porque (el Gobierno) encontró cierta resistencia”.
Incluso, el especialista prevé que “en lo que resta de 2025 van a terminar de desprenderse de los hospitales públicos, de los programas de salud y de toda responsabilidad, porque para la administración central los temas vinculados a la salud deben recaer en las provincias”, tal como ya lo anticipara el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“El programa de vacunación es una responsabilidad del Estadio Nacional –recalca-, y hoy la mitad de los niños argentinos no tienen el calendario completo. Por presupuesto, este año se van a comprar un 30% menos de vacunas. Esa es una consecuencia directa de las políticas públicas nacionales. Hoy el 100% de los chicos diagnosticados con sarampión no tienen puesta la vacuna correspondiente”, advierte Atienza.
Acerca del futuro inmediato, el especialista señala que “el clima en la salud argentina no está tranquilo. Por eso vamos a seguir interpretando y traduciendo a la sociedad para que entienda que todo esto es en perjuicio de su salud, del sistema sanitario”. Dicho de otro modo, confirma que “habrá más Marchas Federales por la Salud, porque todos son temas que, lamentablemente, van a seguir estando”.
A esos temas también hace referencia el Frente en Defensa de la Salud Pública cuando denuncia: “Vaciamiento del sistema de salud pública, despidos y precarización laboral del sector, desmantelamiento de programas esenciales, dejando a miles de personas (jubilados) sin tratamientos que ponen en riesgo su vida, descentralización del sistema de salud, deterioro del Plan Nacional de Vacunación y escasez de insumos y medicamentos”.
Puntualmente en Córdoba, para Ateinza “la descentralización del sistema de salud pone en riesgo la continuidad del Hospital Clínicas y de la Maternidad Nacional”. “La intención del Gobierno es desprenderse de toda responsabilidad sanitaria y cederlos a las provincias. Lo dijo Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), que si (las provincias) no los quieren, serán privatizados”, denuncia el facultativo.
Interior del interior
En el interior del interior, puntualmente en Villa Dolores, a 185 kilómetros de esta capital, la Mesa por la Defensa de los Derechos de la Salud también tiene representación. Allí, quien lleva la voz cantante es Claudia Ortega, enfermera de oficio y profesión que tiene el “raro privilegio” por cuestiones presupuestarias de ser la única en su especialidad integrante del equipo de salud mental del Hospital Regional de Villa Dolores, perteneciente al ámbito de la medicina pública provincial.
Claudia es delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y miembro de Adesam (Asociación por los Derechos en Salud Mental), por lo que conoce de primera mano los pormenores de todos y cada uno de los inconvenientes que tiene la salud pública en el interior del país, los cuales “vienen de años” según asiente.
“La salud mental históricamente corre de atrás. Ha sido una especialidad a la que siempre se le destinó menor presupuesto que a las otras. Con la nueva Ley de Salud Mental, que se promulgó hace 15 años, desaparecieron los manicomios y son los hospitales polivalentes quienes deben atender a los pacientes, pero no tienen las condiciones mínimas, a veces no hay psiquiatra ni psicólogo”, dice Claudia, para quien la nueva Ley ha sido “un paso clave” aunque entiende que “aún falta muchísimo por hacer” y cada vez “con menos recursos”.
“Actualmente tenemos un brote de dengue y escasean los recursos humanos. En las guardias faltan médicos, y los dos que hay aquí por turno están sobrecargados con cerca de 150/200 personas que vienen por día, no sólo de nuestras localidades vecinas sino también de La Rioja o San Luis, que están muy cerquita”.
