La Justicia de Córdoba resuelve un amparo para que la EPEC no se convierta en SA

Aunque el Gobierno de Córdoba ya tomó la decisión de cambiarle el estatus jurídico a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en los próximos días la Justicia provincial se expedirá respecto a la acción de amparo preventiva y medida cautelar de no innovar, presentada el 17 de febrero por el Sindicato de Luz y Fuerza de la capital.

Así lo dio a conocer a las partes la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, en ocasión de llevarse a cabo una audiencia de conciliación en la que, como se esperaba, no hubo acuerdo.

En el Palacio de Justicia de Caseros 551 tanto los representantes de la empresa como los del sindicato mantuvieron sus posturas iniciales: los funcionarios de la EPEC insistieron en que convertir a la distribuidora y generadora eléctrica del Estado en una sociedad anónima “no es el paso previo a la privatización” y cuestionaron el amparo alegando que “no existe agravio o perjuicio” para el Sindicato de Luz y Fuerza. Por su parte, los letrados del gremio eléctrico recordaron que la iniciativa “carece de legalidad, dado que la ley provincial modificada a tal fin está fundada en el DNU 70/23 que es de nulidad absoluta al no haber sido aprobado por el Congreso de la Nación”.

De un modo u otro, la pelota quedó del lado de la Justicia, que, según trascendió, no tardaría demasiado en resolver si acepta o no el amparo. En caso de que su respuesta sea negativa, desde Luz y Fuerza Capital adelantaron que acudirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

¿Privatización?

Como se recordará, durante enero hubo una reunión entre el presidente de la EPEC, Claudio Puértolas, y diferentes representantes gremiales, entre ellos el Secretario General de Luz y Fuerza de Córdoba Capital, Jorge Molina Herrera, ocasión en la que comenzó a vislumbrarse los planes que tenía el Gobierno de la Provincia con la empresa: por decisión del gobernador Martín Llaryora se la convertiría en una sociedad anónima para estar a tono con la Ley Bases impulsada por la administración de Javier Milei.

Para ello la Legislatura Unicameral aprobó en diciembre una ley que prevé “Modificaciones al Código Tributario Provincial”, que no es otra cosa que habilitar que las sociedades o empresas con participación estatal puedan transformarse para adaptarse al DNU 070/2023 del Ejecutivo Nacional.

La respuesta del sindicato lucifuercista capitalino no se hizo esperar: “Frente a un nuevo intento de privatización de la EPEC, las y los trabajadores manifestamos nuestro rechazo total y absoluto”. Y argumentaron que “cualquier proyecto de sociedad anónima significa la privatización de la empresa y la pérdida total de la soberanía energética de los cordobeses sobre el principal servicio público estratégico con que cuenta la provincia”.

Por el contrario, el ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore, intentó aclarar que “no hay ninguna posibilidad de privatizarla, ni en forma completa ni mediante la incorporación de capitales privados”. En cuanto a la “necesidad” de adecuar la EPEC a la reglamentación del citado DNU nacional, Pastore dijo que “hay una normativa que obliga a los Estados a adecuar a sus entes a estas nuevas reglas (la Ley Bases). Estamos en ese proceso en este momento con todas las agencias, con Lotería de Córdoba, con la terminal de ómnibus, y en este proceso también con la EPEC”, finalizó uno de los funcionarios con voz propia en el Centro Cívico.

¿Sería innovador el nuevo estatus jurídico de la EPEC? Para nada. Tanto el Banco de Córdoba como Caminos de las Sierras, por ejemplo, ya son sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Claro que en ninguno de los dos casos para llegar a su implementación el Gobierno de Martín Llaryora tuvo que superar el escollo de un sindicato tan fuerte como lo es el de Luz y Fuerza. La pelota está del lado de la Justicia, y las próximas horas parece nomás que serán decisivas en relación al curso que tomará este conflicto.