Comparaciones poco felices

Por: José Emilio Ortega

El presidente Milei tuvo que reafirmarlo, al presentar su plan económico, en la noche del viernes 11 de abril: “Quédense tranquilos”. Un antiguo jefe, me decía que, en política, cada vez que pronunciamos esa frase, buscamos ganar tiempo para arreglar una metida de pata, o tratamos de calmar ansiedades ante soluciones que aún no encontramos.”

Los anuncios del equipo económico y el propio mensaje presidencial, para quienes peinamos canas, combinan ambos supuestos. “Un déjà vu”, refirió rápidamente un amigo, profundo conocedor de los asuntos de Estado, que votó a este presidente.

Se comparte la sensación y aquí van algunos porqués:

1. Devaluación encubierta en una flotación extremadamente amplia
El anuncio de la "salida del cepo" y el establecimiento de un régimen de flotación (presuntamente “administrada” pero en realidad forzada mientras haya con qué) del tipo de cambio, se enmarca en una banda de entre $ 1000 y $1400 por dólar. Esta amplitud carece de parangón en países que utilizan el sistema. En la práctica, luce como una devaluación encubierta. Sin anunciar una corrección abrupta del tipo de cambio oficial, pero habilitando la depreciación (quizá selectiva en un inicio), que tiene efectos importantes y puede materializarse rápidamente. Esta estrategia pretende suavizar el impacto político y mediático de una devaluación clásica, pero su reflejo sobre precios, expectativas e ingresos/egresos reales (privados y públicos) será inmediato.

2. Pseudo convertibilidad teórica: ¿nuevo ancla o ficción monetaria?
El gobierno parece haber postulado tácitamente una "convertibilidad teórica" con una equivalencia informal de $1300-1400 por dólar. Esta “pseudo convertibilidad” es distinta de la de los años 90, ya que no se basa en reservas ni en paridad fija, sino en expectativas de caja y respeto a la banda cambiaria. El riesgo es que actúe como una "ancla monetaria ficticia", mientras que los precios internos sigan su curso hacia arriba, sobre todo en bienes y servicios con insumos dolarizados o importables-exportables (alimentos, combustibles, transporte, bienes de capital, créditos).

3. Ajuste perpetuo como condición de sostenibilidad fiscal
Caputo ratificó que el sostenimiento de esta arquitectura depende del superávit fiscal primario. Pero este equilibrio se ha logrado por vía de un ajuste muy regresivo: licuación de jubilaciones y salarios, suspensión de la obra pública, y transferencia interna de déficits (dentro del Estado Nacional como también hacia provincias y municipios) entre otras medidas. Milei aseguró que seguirá aplicando las restricciones que sean necesarias. Pero si el gasto vuelve a subir por influjo de la cruda realidad (presión social, política o por fallos judiciales que condenen al Estado a abrir la billetera o imprimir moneda), el esquema corre riesgo. Para sostener esta “pseudo convertibilidad”, el gobierno podría necesitar recortes fiscales inacabables.

4. Delegación (o abandono) de funciones estatales a las provincias
Un aspecto central del modelo es el abandono de prestaciones y funciones históricamente nacionales o concurrentes como educación, salud, obra pública, previsión social, o transferencia hacia las provincias en forma exclusiva. Pero esto se pretende instrumentar sin ley de presupuesto (por segundo año consecutivo), planificación ni mecanismos de control federal y con recursos sensiblemente inferiores a los necesitados. Esta práctica, de continuar, restringe la provisión de servicios esenciales y pone a las provincias en una encerrona institucional y financiera que puede desembocar en conflictos interjurisdiccionales (ya tenemos varios planteos en la Corte) y políticos.

5. Rol del FMI: dependencia técnica y financiera
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien no ha sido completamente transparentado, aparece como pilar de la sostenibilidad del nuevo plan presidencial. Los desembolsos (más ayudas “extra” aportadas por otros organismos multilaterales de crédito y quizá por el tesoro de EE.UU.) son necesarios no solo para sostener reservas, sino para otorgar credibilidad externa al programa. Sin embargo, esta dependencia técnica limita el margen de maniobra del gobierno y vuelve al FMI co-decisor en muchos asuntos. Así ocurrió en varios pasajes de las décadas de 1960, 70, 80 y 90 del siglo pasado, con dos altísimos picos: en 2001 (previo a la renuncia del presidente de la Rúa) y 2018-2019, cuando se tomaron más de cuarenta mil millones de dólares del organismo (tras muchos años de no solicitar préstamos) por gestión del presidente Macri, en cuyo equipo destacaba el actual ministro Caputo.

6. Riesgo político: tolerancia social, errores y medio término.
El gobierno aún conserva un importante núcleo duro de apoyo, pero las encuestas marcan un deterioro de la imagen presidencial, precipitado por conocidos errores no forzados. A esto se suman los forcejeos con la oposición política en el Congreso, las fricciones con gobernadores, improvisaciones parlamentarias (con peleas resonantes en el propio bloque libertario), y cuestionamientos crecientes a la comunicación presidencial.
Si la recesión se profundiza, y el malestar social crece, el oficialismo podría desgastarse aún más de cara a las elecciones legislativas de 2025. Sin una victoria, se complicaría la política de acuerdos del oficialismo en el Congreso, clave de cara a la mitad final del mandato presidencial.

7. ¿Hacia un 2001 o un 2019 recargado?
La comparación con 2001 y 2019, si bien poco feliz, no es exagerada. En ambos casos, la combinación de ajuste, recesión y dependencia externa terminó en un colapso político. El actual gobierno, además, carece del entramado territorial y político que tenía, por ejemplo, el presidente Macri (aliado el PRO con otras fuerzas de cobertura nacional). Su estilo individualista, su aura de “fenómeno novedoso” que no tiene ni quiere tener ningún vínculo con la capacidad política instalada en el país y su política de acuerdos cortoplacista puede sumarle vulnerabilidad a la situación.

Como advirtió (entre otros) Guillermo O’Donnell, muchas democracias latinoamericanas, salidas de regímenes autoritarios o crisis institucionales, derivaron en lo que él denominó “democracias delegativas”: regímenes formalmente democráticos, pero donde el presidente electo entiende que su legitimidad le otorga un cheque en blanco para gobernar sin contrapesos, sin diálogo con el Congreso, la Justicia o los gobiernos subnacionales.

Este tipo de liderazgo tiende a debilitar las instituciones de control, desarticular los partidos políticos y concentrar poder en una figura personalista, generalmente con pretensiones refundacionales, cuyo eje tambalea rápidamente en supuestos de tensión grave.
El voluntarismo hiperpresidencialista y la descalificación sistemática de actores sociales o políticos que muestra el oficialismo, nos recuerdan las advertencias del gran politólogo argentino citado, abriendo la puerta a una democracia en riesgo.

Sin mejorar el escenario económico y sin reconstruirse alguna forma de consenso político o social, de cara a una elección nacional para la que faltan larguísimos meses (similitud con el 2001 y con 2019), la tranquilidad que procura garantizar el presidente puede transformarse en el bien más escaso.

Diría mi amigo: un “déjà vu”, que no trae los mejores recuerdos.