Organizaciones sociales volvieron a pedir que Córdoba declare la emergencia alimentaria

Los datos y las estadísticas que reflejan el flagelo de la pobreza en Córdoba abundan. Ocurre que no siempre son leídos a tiempo y con el grado de sensibilidad, compromiso y responsabilidad necesarios por quienes tienen la obligación de darle un atisbo de solución.

Por cuestiones metodológicas, recién hace unos días el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer que en el segundo semestre de 2024 en el Gran Córdoba la pobreza alcanzó a 569.654 personas, o sea el 35,5% de la población.

Y aunque hay quienes se apuraron en destacar que esos datos significaron una caída del 14% de la pobreza respecto del primer semestre del mismo 2024 (por mero efecto de una baja en la inflación luego de una primera mitad de año en la que estuvo descontrolada), lo cierto es “un hogar de cuatro integrantes en marzo necesitó de $ 1.100.266,99 para superar el umbral de pobreza”, o sea un 4% más que en febrero.

Cruda realidad

Esa realidad es la que se vive en las calles de Córdoba y la que a diario transitan quienes integran la Mesa de Emergencia Alimentaria, una ONG creada por distintas organizaciones sociales que le ponen el hombro a la difícil tarea de colaborar para que los cordobeses de escasos recursos tengan al menos un plato de comida sobre la mesa.

Junto a ellos está trabajando el Arzobispado de Córdoba, a través de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social. Todos propiciaron durante la semana que pasó el quinto encuentro de la Mesa Alimentaria Intersectorial, un espacio de diálogo que congrega a organismos públicos, privados y organizaciones sociales que trabajan para promover soluciones a la realidad alimentaria de los más vulnerables.

El dato distintivo de este último encuentro fue que contó con la presencia de los jefes de bloques del Concejo Deliberante y de la Unicameral, a los que se les presentó un proyecto de ley elaborado entre las organizaciones sociales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Punto por punto

La iniciativa plantea algunos ejes centrales: Declarar la emergencia alimentaria en la Provincia; incrementar la asignación presupuestaria destinada a dispositivos alimentarios; unificar los registros de espacios comunitarios que prestan servicios alimentarios; reconocer la labor de las personas que trabajan en los comedores; e institucionalizar el espacio de encuentro.

Entre los presentes estuvieron los legisladores Rodrigo Agrelo, Gregorio Hernández Maqueda, Walter Nostrala y Dante Rossi, y los concejales Fabiana Gutiérrez, Gabriel Huespe, Claudia Luján, Rosana Pérez y Martín Simonian.

No fue la primera vez que el sector político se acercó a la iniciativa. Ya lo habían hecho la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, Laura Jure, y el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava.

Habrá que ver si entre todos consiguen mejorar la ayuda oficial que ya existe para paliar tan difícil situación.

Propuestas

Luego de interiorizarse de la propuesta, Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba, sostuvo que “se podría reforzar la asistencia a los comedores populares si se posterga la ampliación de la playa de estacionamiento del Estadio Mario Alberto Kempes, que va a costar 14 mil millones de pesos, o las refacciones al Casino de Villa Carlos Paz, que saldrán 1.500 millones de pesos según el presupuesto”.

Por su parte, Walter Nostrala dijo que el bloque del Frente Cívico en la Unicameral “estudiará a fondo” la propuesta recibida y oportunamente “sugerirá aportes o modificaciones”. “Pero seguro apoyaremos la iniciativa” sintetizó Nostrala.

En veremos

Si bien desde la Mesa de Emergencia Alimentaria destacaron el diálogo conseguido, se mostraron preocupados ante la falta de respuestas concretas. “Que se apruebe el proyecto de ley que presentamos sería ideal, pero queremos tener respuestas a corto plazo y hasta acá no ha ocurrido. Hay puntos de los solicitados que se podrían ir gestionando, como la unificación de padrones, pero no está ocurriendo. Vemos voluntad del Ejecutivo provincial y municipal, pero ninguna respuesta clara. Hay escucha y diálogo, y lo rescatamos, pero la situación amerita respuestas concretas de algunas de las cosas que venimos planteando”, afirman, preocupados.

En los cuatro encuentros previos siempre había existido presencia de los poderes Ejecutivos, pero en esta última reunión, realizada el miércoles en la sede del Arzobispado, se sumaron representantes del Poder Legislativo.

“La declaración de la emergencia serviría para darle una herramienta al Ejecutivo para que pueda reasignar partidas ya presupuestadas a políticas públicas alimentarias, a través de distintos programas de asistencias socio comunitarios”, sostienen los impulsores del proyecto, para quienes conseguir que se apruebe el proyecto de ley presentado les daría “previsibilidad en el tiempo” y no los obligaría a “discutir cada año teniendo en cuenta el contexto político del momento”.