El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas contra inmigrantes en Argentina
El Gobierno nacional anunció la aproximación de una profunda reforma en su política migratoria, que será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en los próximos días.
La medida ha sido anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni; sin embargo, ya había sido anticipada previamente por el presidente Javier Milei en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Esta medida apunta a establecer mayores restricciones para los residentes temporarios, transitorios e irregulares en el país.
Entre las más relevantes se encuentra el pago obligatorio de los servicios de salud para este grupo y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Adorni, en su discurso en la Casa Rosada, anunció: “Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”.
Además, anteriormente el presidente sostuvo que el país no puede continuar siendo “un centro de beneficiarios pagado por el bolsillo de los argentinos”. Según el mandatario, estos cambios son necesarios para consolidar un país “serio”.
El vocero presidencial afirmó que “todos los condenados por cometer un delito serán deportados” y que, bajo la nueva normativa, se endurecerán los requisitos para acceder a la residencia y a la ciudadanía. “Se va a dar a los que residan dos años sin abandonar el territorio nacional”, explicó.
Adorni también denunció que “ingresaron un millón 700 mil inmigrantes ilegales” y que “hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas”.
En relación con los recursos públicos, el representante del partido libertario afirmó que "solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos para atender extranjeros. Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno, eso se termina".
Además, la reforma habilita a las universidades nacionales a cobrar por sus servicios si así lo deciden.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca modificar el enfoque de apertura que tradicionalmente caracterizó a la política migratoria argentina históricamente.
