Ficha limpia avanza en Córdoba: aprobaron la ordenanza en comisión con amplio consenso
A diferencia de la sesión fallida y el rechazo de la Ley Ficha Limpia a nivel nacional en el Senado días atrás, en Córdoba, el Concejo Deliberante avanzó hacia la implementación de la ordenanza.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en comisión y busca impedir que personas condenadas por delitos dolosos sean candidatas o ejerzan cargos públicos, surgió de la unificación de tres iniciativas presentadas por distintos bloques, tanto oficialistas como opositores. En tanto, la votación definitiva en el recinto se espera con un respaldo mayoritario, aunque ya se anticipó al menos una disidencia: la concejala Laura Vilches (PTS-FIT) adelantó su voto en contra.
La propuesta tomó nuevo impulso en las últimas semanas tras el escándalo protagonizado por Diego Kraisman, exlegislador provincial, involucrado en una causa por el cobro irregular de sueldos a través de una empleada fantasma. Cabe aclarar que el caso generó un fuerte repudio y reavivó el debate sobre la necesidad de depurar las listas electorales. En ese contexto, el Concejo buscó diferenciarse de la política nacional y enviar un mensaje claro.
La ordenanza reordena el Código Electoral Municipal, modificando el artículo 50 e incorporando los artículos 50 bis y 50 ter. Según la nueva disposición a aprobarse, no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos, tanto de cumplimiento efectivo como condicional, emitidas por tribunales provinciales, nacionales o federales. También se incluyen las inhabilitaciones impuestas como penas accesorias, siempre que la sentencia haya sido confirmada por una instancia superior.
Si es aprobada en el recinto, Córdoba se convertirá en la segunda ciudad del país en contar con una legislación de este tipo, que regirá en las próximas elecciones municipales.
El proyecto también suma un mecanismo de control más riguroso. Cada postulante deberá firmar una declaración jurada en la que afirme no estar alcanzado por estas inhabilitaciones, y la Junta Electoral Municipal verificará esa información solicitando los antecedentes penales. Además, se modifica el Código de Ética para la Función Pública, extendiendo los criterios de inhabilitación a todos los funcionarios electos o designados.
Durante el debate en comisión, el concejal oficialista Martín Simonian, uno de los impulsores del texto, valoró el acuerdo entre los bloques: “Logramos consensuar los tres proyectos. Esto demuestra la voluntad política y la madurez cívica tanto del gobernador Llaryora como del intendente Passerini, para que tanto la provincia como la ciudad tengan esta ley”.
También participó del encuentro la concejala con licencia Soher El Sukaria, autora del proyecto opositor con mayor respaldo, quien fue invitada al debate: “Es una verdadera satisfacción que la segunda ciudad del país tenga aprobada una ordenanza de esta naturaleza. Hasta que la corrupción no sea un disvalor real y no haya condenados ocupando cargos públicos, el daño a la gestión será constante”.
