Los fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo pidieron una condena de 18 años de prisión para Ernesto Guillermo Barreiro, ex capitán del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, por su responsabilidad en la detención ilegal y tortura de dos personas durante la dictadura.
El pedido se hizo ante el Tribunal Oral Federal N°3 de Córdoba, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó el 12 de mayo.
Además, los fiscales solicitaron que, en caso de ser condenado, se unifiquen sus penas previas con esta nueva condena, y se lo sentencie a prisión perpetua e inhabilitación total. Barreiro ya tiene tres condenas anteriores por hechos similares.
El caso trata del secuestro en agosto de 1978 de Carlos Alberto y Luis Roberto Civili, dos hermanos que habían viajado desde Tucumán a Córdoba para acompañar a otro hermano que hacía el servicio militar. Fueron detenidos ilegalmente por personal militar no identificado cerca del III Cuerpo de Ejército.
Los Civili fueron llevados primero a instalaciones militares desconocidas y, tras unas horas, trasladados al centro clandestino de detención Campo La Ribera, donde actuaba Barreiro. Allí fueron torturados física y psicológicamente, mantenidos vendados, incomunicados, y privados de comida, higiene y atención médica. Escuchaban los gritos de otros detenidos y no sabían dónde estaban ni por qué.
Después de diez días, los liberaron diciéndoles que se había comprobado que eran “ciudadanos honorables”. Les devolvieron sus pertenencias, salvo un rollo de fotos. Antes de dejarlos ir, les advirtieron que olvidaran lo sucedido. Fueron abandonados vendados en las afueras, desde donde lograron volver a Córdoba y luego a Tucumán. Solo contaron lo ocurrido a unas pocas personas, con la promesa de no hablar nunca del tema.
Los fiscales señalaron que durante su detención también recibieron amenazas e insultos, y fueron interrogados con violencia con el fin de obtener información sobre militantes y organizaciones. Los responsables de planificar y facilitar estos crímenes pertenecían al alto mando del Ejército y ya están muertos, por lo que Barreiro es el único sobreviviente en juicio.
Bazo Queirolo resaltó la importancia de los testimonios de las víctimas, que permiten reconstruir cómo funcionaban los centros clandestinos, los métodos de represión y quiénes participaban. Trotta, por su parte, afirmó que hay suficiente prueba documental y testimonial que demuestra la participación directa de Barreiro, tanto en Campo La Ribera como en otros centros como La Perla.
Ambos fiscales remarcaron que estos crímenes fueron parte de un plan sistemático del Ejército para eliminar a quienes consideraban enemigos, mediante secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos encubiertos. Barreiro, dijeron, cumplió un rol clave en este sistema represivo en Córdoba.
El tribunal retomará el juicio el 2 de junio a las 9:30, cuando Barreiro podrá dar sus últimas palabras antes del veredicto.