El campo volvió a pedir “reglas claras, previsibilidad y la eliminación total de las retenciones”

Si bien los productores agropecuarios de todo el país sabían que conforme se aproximara el 30 de junio indefectiblemente habría novedades respecto de la decisión que tomó el Gobierno de bajar los derechos de exportación a los principales granos, no dejó de sorprenderlos el anuncio que días atrás hizo el ministro de Economía Luis Caputo.

El titular de Hacienda confirmó vía redes sociales la extensión hasta el 31 de marzo de 2026 de la actual baja de retenciones que rigen para el trigo y la cebada (cosecha fina), por lo que seguirán en el 9,5% y no volverán al 12% anterior.

En Córdoba particularmente la noticia cayó más que bien: la provincia se apresta a tener la mayor cosecha de trigo de la historia, hasta acá con 1,8 millones de hectáreas sembradas ubicando a esta campaña muy por encima del promedio de 1,1 millones de hectáreas.

El principal motivo que impulsó a los productores fue el pronóstico climático y la buena disponibilidad de agua en los perfiles del suelo producto de las “inesperadas” lluvias de marzo, factor determinante si se tiene en cuenta lo seco que suelen ser los inviernos en el centro del país.

De todos modos, el trigo ocupa el tercer lugar en el podio de los cultivos según su valor bruto de producción, por detrás de la soja y del maíz. Y todo hace presumir que esos dos granos no correrán con la misma suerte: Desde el 1 de julio la soja volverá a tributar un 33% en lugar del 26% como lo hace desde enero, cuando el Gobierno le otorgó una reducción temporal ante la imperiosa necesidad de engrosar las alicaídas reservas del Banco Central.

Sí pero…

Todas las entidades que nuclean a los productores agropecuarios del país se mostraron conformes con la decisión del Gobierno de extender por los próximos diez meses la rebaja “temporal” a los derechos de exportación del trigo. Sin embargo, coincidieron en remarcar que pretenden la “eliminación total de todas las retenciones a las exportaciones agropecuarias”.

En el ámbito local, la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) remarcó que “es tiempo de mirar hacia adelante y de imaginar un escenario donde los derechos de exportación no sean una carga sobre la producción nacional, sino una etapa superada en la evolución de nuestro sistema agroindustrial”.

En un comunicado difundido a fines de la semana que pasó, la BCCBA resaltó que “el campo necesita reglas claras y previsibilidad” e invitó al Gobierno “a eliminar los derechos de exportación en los cultivos como la soja, el maíz, el girasol y el sorgo”.

Gonzalo Agusto, jefe del Departamento de Economía de la entidad, no mostró demasiadas expectativas en que eso ocurra, “porque una de las fortalezas del actual programa económico es el superávit fiscal y esos ingresos son una de las principales fuentes de financiamiento que tiene (el Gobierno), ya que le representan entre un 10% y un 12% de sus ingresos”.

Arriesgo, incluso, que (el Gobierno) podría “recaudar vía otros impuestos”. ¿Por ejemplo? “Mientras Vaca Muerta tiene el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) el agro nada, pese a que es el sector de la economía que más divisas aporta. Ojalá que en otro momento del año se pueda (volver a reducir los derechos de exportación a la soja), quizás para la campaña gruesa 2025/26”, finalizó.

Campaña récord

Por todo concepto, la campaña agrícola 2024/2025 en el territorio provincial se encamina a tener un año récord, con números finales que se ubicarían por encima del promedio histórico.

Las previsiones indican que el valor bruto de la producción agrícola de Córdoba para toda la campaña 2024/2025 podría llegar a los USD 10.424 millones, unos USD 676 millones más que el promedio de USD 9.748 millones al que se arriba si se consideran todas las cosechas desde 2008/2009.

Más allá de los derechos de exportación (DEX), la presente campaña tendrá su correlato en las finanzas del Gobierno de Martín Llaryora, ya que se estima que en forma directa o indirecta durante 2025 el sector agropecuario aportará en impuestos provinciales unos USD 253 millones ($289.000 millones).

Lo cierto es que aunque la noticia económica del momento sea un “nuevo blanqueo de capitales” tendiente a que aparezcan los dólares que algunos pocos argentinos aún conservan debajo de sus colchones, hay una discusión de fondo que continúa dándose desde hace un par de décadas, cuando en 2002 comenzaron a aplicarse las retenciones o derechos de exportación al sector agropecuario.

Ocurre que desde entonces se han convertido en un pilar de la estructura tributaria argentina, a punto tal que explican cerca del 5% de la recaudación anual (de éste y de los gobiernos anteriores) siendo superadas sólo por el IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones a la seguridad social.