La expresión "gestión pública" parece establecida, casi rutinaria, en los discursos y prácticas institucionales. Aunque desde hace unas cuantas décadas aparecen algunos, como ahora, que tensionan el concepto y plantean cuestionamientos, presentándola como un oxímoron -una figura que combina términos opuestos- o incluso una contradicción, señalando: ¿Puede hablarse de "gestión", en sentido técnico, eficiente y transformador, aplicada a lo "público", un espacio actualmente asociado a la lentitud burocrática, la “pluralidad divergente” de intereses que deben administrarse y las restricciones constitucionales o legales?
Hay quienes, desde el mundo académico, político o empresarial, ven en la expresión "gestión pública" una promesa imposible o incluso un encubrimiento “criminal” de ineficiencias estructurales. Pero en la experiencia, nadie propone cómo superar el paradigma de manera cierta y, en tanto, abundan los ejemplos (propios o comparados) que muestran la posibilidad de superar las tensiones entre lo público y lo eficiente. La gestión pública puede ser eficaz, legítima y transformadora. La clave está en comprender cuándo opera como contradicción, cuándo como posibilidad, y qué condiciones habilitan su ejercicio virtuoso.
El oxímoron: una tensión semántica inevitable
El término "gestión" es polisémico y ha atravesado múltiples disciplinas: Derecho, Ciencia Política, Sociología, Administración, etc. En su raíz etimológica, refiere a “llevar adelante algo”, a intervenir activamente con un fin (“gesta”). En la administración moderna, la gestión supone planificar, ejecutar, evaluar y corregir; se asocia con dinamismo, metas, rendición de cuentas y transformación.
Pero en el imaginario colectivo, lo “público” suele invocar lo contrario: estructuras rígidas, dificultades para incluir incentivos, tiempos lentos, decisiones difusas y responsabilidades diluidas. De ahí que "gestión pública" suene como "silencio ensordecedor" (oxímoron, dos conceptos que parecen incompatibles). Sin embargo, sólo estamos frente una provocación: una invitación a pensar más allá de lo obvio.
La contradicción: cuando la práctica no cierra con el discurso
La situación se agrava cuando el Estado se declara eficiente, pero opera sin planificación; cuando se invoca la transparencia, pero se opacan decisiones; cuando proclamando modernización, se amputa sin posibilidad de recuperación.
Desde los 70 para acá, múltiples intentos de reforma del Estado (tecnocracia, “nueva gestión pública, etc.) no lograron resolver la contradicción que los propios “agentes del cambio” propusieron. En la actualidad los recortes drásticos promovidos por el gobierno de Javier Milei desde 2024 (eliminación de ministerios, cierre de organismos descentralizados, despidos masivos, suspensión de políticas federales, vetos de leyes que dispusieron reajustes salariales o previsionales y privatización de empresas públicas) todavía no pueden ser ponderados funcionalmente, amén de su resultado fiscal.
La reducción del 1 al 0,3% de transferencias no automáticas a las provincias (donde había muchos programas de impacto social financiados por convenios hoy discontinuados), la eliminación de fondos compensadores como el caso del transporte público, la quita de subsidios a las tarifas públicas, la reducción del financiamiento en programas culturales, o alimentarios (distribución de bolsones, sostenimiento de merenderos, comedores comunitarios) y el severo ajuste al presupuesto federal de Salud (cuya principal evidencia es la dramática situación de los hospitales nacionales pero hay mucho más, como la inejecución de partidas en la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, la eliminación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales y el cierre del Instituto Nacional del Cáncer) presenta una proyección de gravedad inestimable. Ni hablar de la infraestructura abandonada a su suerte, sin ejecutarse el financiamiento de obras públicas presupuestadas (y en curso).
El superávit logrado por el gobierno nacional, de $ 1,78 billones para 2024, sólo fue posible por el descomunal recorte de jubilaciones de pensiones ($ 5,7 billones). No porque una varita mágica de eficiencia haya logrado, todavía, el redimensionamiento del Estado. Por ahora, las provincias y los municipios atienden como pueden, descuidando otras prioridades, los graves costos sociales de estas medidas.
Cierto es que según encuestas del Observatorio de Psicología Social de la UBA (2024), la ciudadanía muestra alta desconfianza estructural hacia el Estado como organización. Pero al mismo tiempo valora positivamente servicios públicos específicos como hospitales, universidades o programas sociales. La contradicción, entonces, no es solo conceptual y va más allá de “lo público” (en tanto “estatal”): instalándose en la política y en la sociedad.
Más allá de la contradicción: experiencias de gestión pública virtuosa
Y, sin embargo, la gestión pública existe. Y más aún: puede funcionar. No como utopía, sino como práctica concreta allí donde confluyen capacidad técnica, objetivos claros, legitimidad institucional y compromiso ciudadano.
Algunos ejemplos lo muestran:
Uruguay: mantiene una administración pública profesionalizada y con alta confianza social. Programas como el Plan Ceibal (inclusión digital, iniciado en 2007 y continuado hasta hoy por todas las gestiones presidenciales) o la trazabilidad de vacunas durante la pandemia evidencian una gestión pública articulada y eficaz, sin perder legitimidad democrática.
Colombia: superó décadas de violencia urbana mediante una transformación institucional con base municipal (por ejemplo, la ciudad de Medellín), basada en planificación participativa, inversiones públicas sostenidas y una gestión profesional de la infraestructura social, educativa y cultural.
Brasil: Programas como “Bolsa Familia” o “Bolsa Escuela” de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento permanente de ciertos requisitos, lanzados hace dos décadas, son claves para la reducción de la pobreza y la desigualdad. En estados subnacionales o municipios, el histórico presupuesto participativo mostró durante años cómo es posible combinar decisión ciudadana, gestión transparente y eficacia distributiva en el nivel local.
Fórmula viva
"Gestión pública" no es contradicción. Es un concepto vigente, integrador del saber técnico con el valor democrático de lo común. Reconcilia eficiencia con sensibilidad, estructura con flexibilidad, dirección con participación.
El verdadero desafío no es negar la posibilidad de hacer buena gestión pública, sino superar los problemas. Y para eso no alcanza con importar modelos empresariales (pensemos en el resonante fracaso de muchos ministros empresarios durante la presidencia Macri, o en el reciente “divorcio” de Elon Musk y Donald Trump, hoy a pura acusación cruzada). Tampoco sirve recortar, sin planificación, funciones estatales o su financiamiento.
La gestión pública, legal y legítima, profesional, bien entendida y practicada, trasciende la contradicción. Particularmente en momentos, y parece serlo éste, en que los servicios públicos no solo deben gestionarse: deben protegerse, repensarse, transformarse.