En el barrio porteño de Monserrat, las inmediaciones de un complejo de departamentos ubicado en San José al 1.111 no tienen descanso.
Desde militantes a curiosos no dejan de pasar por el lugar y, fundamentalmente, de detenerse. Hay guardias y momentos de regocijo cuando se abre la puerta de uno de los balcones. Las apariciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron una constante desde la semana pasada, cuando la Corte Suprema ratificó su condena en la Causa Vialidad.
Con el avance de los días, la expresidenta confirmó que el miércoles se presentará en los tribunales de Comodoro Py.
Desde allí, los movimientos en el Partido Justicialista son incesantes. Se concreta (además de la detención) la proscripción del dirigente más movilizador del movimiento de las últimas décadas.
Este martes, por caso, se esperan hacia la tarde los cónclaves con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de los gobernadores peronistas.
La convocatoria a una gran marcha para acompañar a CFK se viene gestando, en contra de un establishment que quiere impedir muestras políticas esgrimiendo la pena que también la imposibilita a ejercer cargos públicos.
De allí que la diagramación ante una convocatoria masiva deba tener en cuenta, también, las posibles respuestas.
Por un lado, el titular del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, debe resolver la situación de esta semana. Puntualmente, si recibe a la involucrada en sede o de qué forma podría notificarse como presente, a derecho, tal cual refirió.
Pero también el magistrado, cuestionado desde un inicio por ser parte del ‘Liverpool’, equipo de fútbol compuesto también por varios de sus colegas que llegó a jugar en la quinta del expresidente Mauricio Macri, tendrá a su cargo la resolución respecto al pedido de prisión domiciliaria.
La defensa de Cristina adujo que “resulta incontrovertible que el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”.