Ciberpatrullaje: la nueva medida de Patricia Bullrich que reaviva la polémica

Una vez más, vuelve a la escena nacional el concepto de “ciberpatrullaje”. Una medida patentada por Patricia Bullrich, que para muchos puede sonar a ciencia ficción y hasta inofensivo, pero que en sus objetivos planifica una vigilancia que genera cada vez más inquietud, especialmente entre quienes defienden la libertad de expresión en las plataformas digitales.

En diálogo por SRT Media, para el programa Fuerte y Claro, Beatriz Busaniche, comunicadora, docente, presidenta de la Fundación Vía Libre y una de las voces más autorizadas en la defensa de los derechos digitales en Argentina, reflexionó sobre la nueva política de vigilancia en internet.

“El ciberpatrullaje no es nuevo. En su gestión anterior como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ya lo había impulsado, y en ese momento recibió críticas bastante fuertes. Pero ahora vuelve, con más fuerza, con menos control, y con un discurso que lo justifica en nombre de la seguridad, pero que puede terminar afectando nuestras libertades más básicas”, señaló Busaniche.

A lo largo de la entrevista, Beatriz explicó que el ciberpatrullaje es una forma de vigilancia en redes sociales, con lo que técnicamente se llama “inteligencia de fuentes abiertas”. “No se trata de espiar tus mensajes privados ni de intervenir tus conversaciones en WhatsApp. Se trata de monitorear lo que decís en plataformas públicas como X (ex Twitter), Facebook, TikTok, Instagram”.

“Hay una idea engañosa de que esto es como un patrullaje policial por las calles. El policía que camina por la ciudad está uniformado, lo ves. En las redes vos no sabés que te están mirando. No sabés que la policía te sigue, te observa y hasta archiva tus opiniones”, indicó.

“Y lo más grave: pueden reconstruir toda tu historia digital. Si opinaste algo hace cinco años sobre un tema político, ese posteo queda registrado, y puede ser usado en tu contra”, agregó.

En otro orden, Busaniche explicó también cómo funciona el monitoreo. “Nadie puede estar viendo todo lo que pasa en redes sociales. Por eso, hay una selección previa: ciertos perfiles, ciertos temas, ciertas zonas de conversación digital. Y eso abre la puerta a arbitrariedades”.

Además, hizo referencia a los riesgo que conlleva esta nueva práctica por parte de las fuerzas de seguridad: “El problema no es solo que te vigilan. Es quién decide a quién vigilan y por qué. Y esa decisión no está regulada, no pasa por un juez, no hay aviso ni defensa posible. Hoy puede ser un saqueo, mañana una protesta o un reclamo legítimo”, sostuvo.

Otro de los datos más preocupantes todavía es que la forma en que llegó a implementarse la nueva política: pasó por decreto del Ejecutivo, sin pasar por el Congreso ni abrir un debate público.

“Es un retroceso institucional. No se discutió en el Parlamento, no hubo audiencias públicas, no se escucharon otras voces que no sean las del Ejecutivo o las fuerzas de seguridad. Y eso es inaceptable cuando estamos hablando de libertades individuales”.

En ese sentido, la nueva reforma posibilita a que las fuerzas de seguridad entren a las bases de datos estatales y que todo el sistema de ciberseguridad pase a depender directamente de la ex SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia).

“Eso le da a la inteligencia del Estado un poder enorme y oscuro, porque el Plan Nacional de Inteligencia no es público. No sabemos qué tipo de vigilancia se hace, sobre quiénes, con qué criterios ni con qué controles. Estamos completamente a ciegas”, denunció.