La situación se repitió este viernes, de manera inesperada. El aviso de una conferencia de prensa en el Salón Azul de la Jefatura de Córdoba para las primeras horas de este viernes fue la primera alerta; todo hacía presumir que se trataba de algo grande.
Un nuevo escándalo salpica a la institución y a toda la tropa, y sacude a toda la dirigencia política en plena reconfiguración, ante la inminencia de las elecciones de medio término. Acompañado del ministro de Seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros (blanco de prácticamente todas la críticas) el fiscal Guillermo González comunicó este viernes la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, director de la Caminera, acusado de graves delitos: coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Además, se encuentran detenidas otras seis personas (dos civiles y otros cuatro policías). Serían los integrantes de lo que se bautizó mediáticamente como "la banda de los comisarios abogados".
La confianza sobre la Policía de Córdoba no se encuentra en un momento cómodo. Durante la semana que termina se conocieron detalles de la causa que tiene como principal acusado al exsubjefe Alejandro Mercado, apuntado también por encabezar una asociación ilícita.
Al mismo tiempo avanza una investigación sobre el exjefe de Bomberos Gustavo Folli, acusado de haber creado y liderado una supuesta asociación ilícita. Hay más.
El escándalo de este viernes se suma a otro reciente, de gran impacto también: el descontrol y la corrupción dentro del Servicio Penitenciario de Córdoba, que avanza impulsada por el fiscal de instrucción N°1 de Delitos Complejos, Enrique Gavier, con cuatro jefes detenidos.
Si a esta ingrata lista se suma Diego Concha, extitular de Defensa Civil provincial, condenado a prisión perpetua por delitos de índole sexual, el estado del prestigio en áreas clave y sensibles de la administración pública en el ámbito de la provincia es más que crítico.
Protagonista de la agenda política de estos días, el diputado Rodrigo de Loredo, aprovechó el escándalo anunciado en el Salón Azul, que tuvo todos los elementos escenográficos y simbólicos de una crisis administrada.
“Esto son 25 años de peronismo en Córdoba. Es inusitada la gravedad del nuevo escándalo en la Policía con el Jefe de la Policía Caminera preso. Han degradado tanto a Córdoba que después de 25 años en el poder están presos el Jefe del Servicio Penitenciario, el Subjefe de la Policía, el Jefe de Bomberos, el Director de Defensa Civil, la cúpula de la Policía Antinarcotráfico del norte, entre otros”, lanzó el radical, siempre ácido, colocándose por segunda vez en la semana como la figura que articula las críticas profundas hacia un oficialismo que acusa recibo.
“Esto no es IA. La Caminera también nos caminaba”, cerró De Loredo el post.
Por el momento no hubo opiniones por parte de las figuras del oficialismo; ni el gobernador Martín Llaryora (“los buenos son los de azul”, es la frase fresca con la que la oposición lo fustiga) ni Miguel Siciliano, presidente de bloque en la Legislatura, ni ningún otro funcionario se ha referido a la crisis -vista en perspectiva- estructural en la que está inmersa el área de Seguridad.
El ministro Quinteros, presente en la conferencia, es el blanco -antes y ahora- del grueso de los dardos que eleva la oposición. Enemigo íntimo, Luis Juez lanzó una vez comunicada la crisis administrada: "Exigimos la renuncia del inútil de Quinteros".
El senador nacional de Juntos por el Cambio apuntó directamente al titular de Seguridad en medio del escándalo que sacude a la Policía Caminera. También llovieron las críticas desde los “outsiders” de la política.
"Es absolutamente irregular que un FISCAL (¡que es parte del Poder Judicial!) dé una conferencia de prensa junto a un ministro del Poder Ejecutivo, horas después de ordenar la detención de funcionarios dependientes precisamente del Poder Ejecutivo. ¡Vamos a denunciar todo!”, expresó vía redes sociales el legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda, señalando un detalle no menor (la presentación del fiscal en la propia Jefatura) de un escándalo del que se conoce, por el momento, la superficie.
"Lo más grave no es solo lo que pasó, sino cómo responde el poder. El ministro de Seguridad intenta ahora desligar a la fuerza policial diciendo que los hechos ocurrieron ‘por fuera del ámbito policial’. Esa defensa es tan débil como cínica. Ser policía no es un trabajo de oficina: es una función pública, una responsabilidad ética y legal que se ejerce las 24 horas del día. Pretender separar la conducta de un comisario de su rol institucional es como querer separar el agua del río", agregó por su parte el legislador Agustín Spaccesi.
Más temprano, el bloque de la UCR en la Legislatura emitió un comunicado donde le da duro al Gobierno, con líneas como la siguiente: “Es un gobierno que se está cayendo a pedazos”.
El comunicado de la UCR, titulado La corrupción le gana a la ficción, deja leer pasajes como este otro: “¿Nadie sabía nada?, ¿nadie sospechaba nada? Evidentemente el ministro Quinteros no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción”.
Desde el comité central de la UCR Córdoba, referenciado en Miguel Nicolás, emitieron otro comunicado, titulado La CORRUPCIÓN en las fuerzas de seguridad no se combate con slognas.
"Un gobierno que combinó improvisación con corrupción es un gobierno que tiene su ciclo agotado", expresa el escrito, al término de una semana incómoda para la administración que hoy conduce Martín Llaryora.
Según una encuesta recolectada durante mayo por Pulso Social, el problema de la seguridad, o inseguridad, está al tope de las preocupaciones de los vecinos de la ciudad de Córdoba, con un 39%, muy por encima del lastre histórico que significa el transporte público (8%). Por el momento no hubo declaraciones por parte de las figuras de Hacemos Unidos por Córdoba, sumidos en un silencio que algunos dicen que se puede tocar.