Córdoba: qué se sabe del accionar de la banda del director de la Caminera
Cuando en la mañana del viernes se conoció el resultado de once allanamientos en simultáneo desarrollados en diferentes localidades de Córdoba, una bomba explotó.
Se conocía la detención del director de la Caminera, el jefe de la Asesoría Letrada de la Policía de Córdoba y el titular de la Dirección de Protección de Testigos, entre otros.
Maximiliano Ochoa Roldán tenía seis meses a cargo de una fuerza que, revitalizada desde 2008 en la provincia, había escapado a grandes escándalos más allá de denuncias por pedidos de coimas y el cobro de multas dudosas: la Policía Caminera.
Leonardo Javier Torres, fue secretario privado del actual Jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, hasta fines de 2024. Hoy director de la Asesoría Letrada de la fuerza, quedó acusado de ser miembro de la asociación Ilícita en cuestión.
Tanto ellos como el Comisario Inspector Martín Heredia tienen también el título de abogados. Y el “conocimiento de la ley" jugó, de acuerdo a la investigación, un papel central para el armado de la banda. A Heredia se lo señala también por enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.
¿Los otros policías? Nada menos que el comisario Jorge Gutiérrez, de “Protección de Testigos”, y el suboficial Dante Villalba, quienes están acusados por coacción y peculado de servicios.
El manejo de información privilegiada, la posición de poder de los uniformados y el uso de logística para cometer delitos fueron ejes centrales para imputarlos.
“Los acusados tienen el perfil típico de estafador: un seductor, alguien que engaña a las víctimas. Desarrollaron muy bien su tarea policial; pero operaban como asociación ilícita hace largo tiempo”, sentenció el fiscal del caso, Guillermo González.
Otra de las patas de la asociación fue el hermano del director de la Caminera, el también abogado Gastón Ochoa Roldán.
Pero quien está acusado de liderarla es un civil: Gabriel Burkhard. Residente en Río Ceballos, ofrecía al menos desde 2018 servicios de “Usucapion, posesiones, sucesión, conflictos, mediación de acreedores, cobranzas, localización de morosos y separación de bienes, entre otros”.
Imputado de “asociación ilícita en calidad de organizador”, era quien presuntamente “atraía” potenciales clientes.
Personas que eran parte de conflictos judiciales (también acusaciones en causas penales o cuestiones de familia y laborales), complejos o demorados, llegaban así a resoluciones casi imposibles y a un gran nivel de velocidad.
Se conoció que hubo casos en los que cobraron porcentajes de inmuebles para resolver disputas o llevar adelante desalojos exprés (utilizando personal y móviles policiales) sin que intervenga la Justicia.
Uno de los casos refiere, incluso, el traspaso de titularidad a favor de los involucrados, de unos trescientos lotes en la localidad de Casa Grande.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sentenció este viernes: "Llevamos adelante una transformación que es dolorosa, pero vamos a seguir por el camino de la depuración de todas las fuerzas de seguridad… estas cuestiones indignan, pero nosotros no ocultamos ni encubrimos este tipo de hechos".
