Se hizo público la decisión de las autoridades del Gobierno nacional, publicada en el Boletín Oficial con el número 35.702, que establece la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas.
Incluyea dependencias vinculadas a con las áreas de salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras, y se relaciona con la intención del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei de avanzar con la reducción del Estado, uno de los principios sustantivos de su gestión.
Las actividades y competencias esenciales de esos entes eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras.
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros.
En varios casos, el jefe de Estado había cuestionado su tarea, como es el caso de la Dirección de Vialidad, a la que catalogó como un ámbito de “corrupción” dado que la vinculó con el reciente fallo condenatorio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, la falta de recursos financieros para cumplir con el mantenimiento de las rutas nacionales hizo que el ente desarrollara una tarea menor a las conferidas por gobiernos anteriores. El mismo caso de las delegaciones sanitarias de Salud que durante mucho tiempo sirvieron para el control laboral y la aplicación de vacunas, en esta gestión carecieron de recursos por la línea política que se trazaron las autoridades federales.
En el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
Se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
El Gobierno justificó las medidas adoptadas aduciendo que se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. “En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones", puntualizaron.
Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.
Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.