Piden a la Corte reabrir investigación sobre maniobras en licitaciones en el programa Remediar
El fiscal Javier Augusto De Luca, titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su presentación cuestiona el fallo emitido por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que el pasado 24 de junio rechazó un recurso impulsado por los fiscales José Luis Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez contra una decisión judicial que había dejado sin efecto una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Ministerio de Salud.
La causa, originada en 2020 a partir de una denuncia de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, apuntaba a una serie de maniobras sospechosas durante la renegociación de tres licitaciones entre 2016 y 2019.
Estas contrataciones tenían como fin la provisión de medicamentos esenciales para el Programa Nacional “Remediar”.
Según la hipótesis fiscal, funcionarios públicos y empresarios habrían pactado precios reducidos antes de las licitaciones para ganar los concursos, para luego solicitar un reajuste económico que, al ser aprobado, les garantizaba mayores márgenes de ganancia. Todo esto se habría canalizado a través de expedientes administrativos que daban una apariencia de legalidad, sin cumplir con los requisitos normativos exigidos para justificar una modificación contractual.
El juzgado de primera instancia determinó que los procedimientos administrativos habían sido respetados y descartó la existencia de beneficio personal por parte de los imputados, señalando que el objetivo era asegurar la llegada oportuna de los medicamentos. En base a esta interpretación, dictó el sobreseimiento de ocho exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló la decisión, pero en marzo de 2024 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el sobreseimiento. Los jueces de esa instancia consideraron que la renegociación se dio en un contexto económico volátil que justificaba los ajustes de precio, y que no se había actuado con discrecionalidad indebida.
Ante ese fallo, Agüero Iturbe y Rodríguez interpusieron un recurso de casación, que fue desestimado por la Sala II de la Cámara de Casación. Fue este rechazo lo que motivó la intervención del fiscal De Luca, quien consideró que se había cometido una arbitrariedad judicial que impedía avanzar con la investigación.
En su escrito ante la Corte, De Luca argumentó que el caso fue cerrado prematuramente sobre la base de fundamentos dogmáticos y una evaluación fragmentada de las pruebas, sin permitir que el proceso llegara a la etapa de juicio oral. A su juicio, esto vulnera el principio de contradicción y perjudica al Ministerio Público Fiscal, que no pudo presentar ni debatir pruebas de manera adecuada.
De Luca enfatizó que la prueba reunida no permitía descartar, con el grado de certeza requerido, la posible comisión de delitos. Sostuvo que los indicios apuntaban a posibles hechos de corrupción disfrazados como simples desprolijidades administrativas, lo cual merecía una evaluación más profunda. También criticó que se haya ignorado el incumplimiento de los criterios legales previstos en el artículo 96 del decreto 1030/2016, necesarios para justificar una renegociación contractual válida.
Además, señaló que la actuación de los imputados violaba compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción, en especial las convenciones interamericana y de Naciones Unidas.
Finalmente, De Luca expresó que las fallas en la argumentación de los tribunales inferiores invalidan la resolución recurrida como acto jurisdiccional y pidió a la Corte que revoque lo decidido y permita continuar con el proceso judicial.
