Impulsan proyecto para prohibir los tratamientos de cambio de género con fondos públicos

Un grupo de legisladores nacionales encabezado por Gerardo Milman (PRO), acompañado por Lilia Lemoine y Carlos Zapata (ambos de La Libertad Avanza), presentó una propuesta legislativa que apunta a modificar sustancialmente la Ley de Identidad de Género (N.º 26.743).

El proyecto busca impedir que se destinen recursos del Estado a tratamientos hormonales o quirúrgicos vinculados con el proceso de adecuación de género.

Según los autores de la iniciativa, el Estado no debe involucrarse económicamente en decisiones personales relativas a la identidad de género. En particular, proponen eliminar el acceso gratuito a estos tratamientos para mayores de edad, tal como actualmente contempla la legislación vigente.

Además, la iniciativa plantea una prohibición explícita para que programas de cobertura como el Plan Médico Obligatorio (PMO), obras sociales y cualquier prestación financiada con dinero público cubran estos procedimientos.

En este sentido, también se establece que organismos públicos, entes descentralizados y empresas con participación estatal deben abstenerse de impulsar políticas o contenidos que, según el proyecto, promuevan construcciones ideológicas sobre género o sexualidad.

Milman explicó que la propuesta no busca restringir la libertad individual ni impedir que las personas se identifiquen según su vivencia interna del género, pero subrayó la necesidad de que el Estado se mantenga neutral en este tipo de cuestiones. Afirmó que el proyecto busca resguardar los principios de no intervención fiscal, neutralidad ideológica y respeto a los marcos jurídicos establecidos.

El legislador también cuestionó el rol que ha tenido el Estado desde la sanción de la Ley 26.743, argumentando que se ha utilizado a las instituciones públicas para promover perspectivas culturales y médicas que, según él, carecen de consenso amplio tanto en la sociedad como en el ámbito científico.

Por último, el proyecto establece limitaciones en cuanto a menores de edad que deseen iniciar un proceso de cambio de género, señalando que no puede avanzarse sin el consentimiento de los padres ni sin la evaluación de profesionales competentes.

Milman cerró su exposición advirtiendo sobre lo que considera una influencia indebida de determinados sectores que, según su visión, impulsan discursos que podrían condicionar las decisiones personales de niños y adolescentes.