A cinco años del crimen de Blas Correas: una herida que desnudó a la Policía
Este miércoles 6 de agosto se cumple el quinto aniversario del asesinato de Valentino Blas Correas, el caso de gatillo fácil que marcó un antes y un después y que principalmente expuso la violencia institucional en Córdoba.
El crimen, ocurrido en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, expuso con crudeza los manejos de las fuerzas de seguridad provinciales.
Aquella madrugada de agosto, Blas tenía 17 años y regresaba a su casa tras salir a cenar con amigos. Viajaba en el asiento trasero de un Fiat Argo, junto con otros cuatro jóvenes. Una maniobra en la zona sur de la ciudad puso en la mira de la Policía de Córdoba al vehículo blanco, que a pocos metros sobrepasó un retén policial. Sin señalización, y tampoco sin advertencias, los chicos asustados no se detuvieron. Fue en ese instante, cuando los agentes dispararon al vehículo sin mediar voz de alto.
Una de las balas impactó en la espalda de Blas. Pero no todo terminó allí. Sus amigos, desesperados, intentaron salvarlo y lo trasladaron hacia la clínica Aconcagua donde allí, se les negó la atención. Desesperados, continuaron camino hacia otro nosocomio, pero en la avenida Chacabuco fueron interceptados otra vez por los policías. Blas, murió en el auto, sin auxilio médico.
El mapa de un proceso judicial que sigue abierto
A pesar de que en el mes de marzo del año 2023 se dictaron condenas contra 11 policías por su responsabilidad en el crimen, todavía hay caminos abiertos. Los suboficiales Lucas Gómez y Javier Alarcón, condenados a prisión perpetua por homicidio calificado, apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Lo mismo hicieron otros uniformados sentenciados por encubrimiento y falsificación de pruebas.
El TSJ aún no se expidió sobre esas apelaciones y no hay fechas definidas. En paralelo, las actuaciones administrativas y judiciales continúan. Con más de una docena de policías bajo investigación por su accionar posterior al crimen: desde alteración de pruebas hasta abuso de autoridad por no haber asistido a Blas ni a sus amigos en el momento crítico.
Entre las derivaciones de la causa también se encuentra la imputación de altos exfuncionarios. El fiscal Franco Mondino acusó al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y al exjefe de Policía Gustavo Mezzano por supuesto ofrecimiento de dádivas. El señalamiento incluye al exsubjefe Gonzalo Cumplido.
En tanto,Fernando Casalino, empleado de la clínica Aconcagua, fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de abandono de persona, al negarse a asistir a Blas cuando sus amigos lo llevaron.
El crimen de Blas no fue un crimen más. El crimen de Blas permitió destapar a la institución policial y su accionar abusivo. El fallo del 2023 tuvo condenas inéditas, por el proceso que conllevó sentenciar a más de 11 oficiales. Si bien representó avances, el proceso judicial aún quedó lejos de resolverse.
Cinco años después, la herida sigue abierta, y la memoria de Blas continúa viva como símbolo de la lucha contra el gatillo fácil en Córdoba.
