Amenaza de sanciones penales para los legisladores
La afirmación de Milei de imponer sanciones penales a legisladores y funcionarios por promover o aprobar proyectos con déficit es inconstitucional y viola la separación de poderes. La libertad de expresión y el derecho a legislar de los diputados y senadores están garantizados por la Constitución.
La responsabilidad fiscal es importante, pero debe ser abordada a través de mecanismos democráticos y no mediante la coerción penal. La amenaza de sanciones penales puede generar un clima de miedo y limitar la capacidad del Congreso de legislar con independencia.
La Constitución establece que los legisladores son responsables ante sus electores, no ante el Ejecutivo. La propuesta de Milei puede ser considerada un intento de limitar la capacidad del Congreso de ejercer su función legislativa. La sanción penal no es una herramienta adecuada para abordar cuestiones económicas y fiscales.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la responsabilidad fiscal, no la coerción penal. El planteo de Milei puede generar inestabilidad política y económica. La democracia requiere un equilibrio entre los poderes del Estado, y la propuesta puede alterar ese equilibrio.
