Tras la marcha de taxis, el Concejo Deliberante tratará el jueves la regulación de Uber
El oficialismo en el Concejo Deliberante trabaja a contrarreloj de cara a la sesión del jueves para debatir la normativa que regulará a las aplicaciones de transporte como Uber.
Este martes los choferes de taxis sacaron los autos amarillos para protestar con una caravana frente al edificio legislativo. Sin embargo se les informó que el proyecto se tratará el próximo jueves.
Los alfiles del peronismo municipal buscan incorporar cambios en la iniciativa oficial para hacer equilibrio entre los taxistas que buscan una competencia pareja y las Apps internacionales que presionar para quitar condiciones.
La sesión del jueves en el Concejo Deliberante se presenta incierta para las fuerzas políticas que esperan ver la carta final del oficialismo.
Los caminos que podría adoptar el peronismo son tres: pedir una semana de prórroga para debatir los cambios a introducir, votar el proyecto tal y como está, o pasar a comisión las modificaciones y votar el nuevo texto.
Hasta el momento la propuesta oficial establece requisitos para los vehículos como para los conductores y las empresas que gestionan las aplicaciones.
En la lista de requisitos figuran: que los vehículos no tengan más de diez años de antigüedad, tengan seguro, aire acondicionado, baúl con capacidad mínima y se identifiquen con el logo de la app.
A los conductores se les exige contar con licencia profesional, antecedentes penales limpios, estar registrados en un sistema digital municipal y tener domicilio legal en Córdoba capital. Además, tendrán que contar con ITV aprobada y vigente, seguro de accidentes personales o ART, y no estar inscriptos en el registro de delitos sexuales.
Otro de los puntos que fijó el peronismo en el proyecto es el máximo de doce horas de conducción diaria como límite de jornada laboral.
En tanto que sobre la tarifa, el proyecto prevé que sea equivalente a al boleto del transporte urbano y establecerá un tope máximo de vehículos habilitados, calculado en un vehículo cada 375 habitantes.
El cupo de vehículos es el obstáculo principal que esgrime el bloque del radicalismo para acompañar la propuesta de regulación.
