Pidieron 15 y 14 años de prisión para los imputados por el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, la fiscal general Gabriel Baigún, solicitó ayer que los imputados Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte sean condenados a las penas de 15 y 14 años de prisión, respectivamente, por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre del 2022 en las puertas de su entonces domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
Ver: Un hombre armado intentó asesinar a Cristina Fernández cuando llegaba a su casa
En el caso del tercer imputado que había llegado a juicio, Gabriel Nicolás Carrizo, la representante del Ministerio Público Fiscal retiró la acusación y pidió su absolución al considerar que no conocía el plan para atentar contra la entonces vicepresidenta.
El alegato fiscal se prolongó durante 10 horas y fue realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por la jueza Sabrina Namer (presidenta) y sus colegas Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, en el marco de un debate que se inició el 26 de junio del año pasado.
El Ministerio Público Fiscal también estuvo representado por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quien expuso específicamente sobre el agravante de la violencia de género, que fue introducido por la fiscalía de juicio durante este debate cuando amplió la acusación original por la que el fiscal federal Carlos Rívolo -quien actuó durante de la instrucción-, había requerido la elevación a juicio de los imputados.
El alegato
En su alegato, la fiscal Baigún dio por probada la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía. El hombre -que confesó el hecho en la primera audiencia del juicio-, fue señalado en calidad de autor y la mujer como partícipe necesaria.
Asimismo, en el caso de Montiel y en relación a la pistola con la que intentó cometer el homicidio -una Bersa, modelo Lusber 84, calibre .32-, la fiscalía le dio por acreditado también el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y receptación de un arma de fuego a sabiendas de su procedencia ilegítima, dado que su numeración había sido suprimida. En tanto, a Uliarte, se le retiró la acusación por el delito de tenencia y receptación de un arma de guerra, por el que también había sido acusada originalmente.
Baigún pidió que las penas solicitadas por este hecho se unifiquen en 19 años de prisión para Sabag Montiel y en 14 años y 2 meses para Uliarte, debido a las condenas previas que ambos tenían por causas que se desprendieron de la investigación por el atentado a Fernández de Kirchner.
El principal acusado ya cuenta con una pena única de 4 años y 3 meses de prisión dispuesta por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años (hallado al analizar su celular) y por la tenencia ilegal de un documento de identidad perdido que fue encontrado en su domicilio; y la mujer tiene una de un año de prisión en suspenso, del TOCF N°5 de San Martín, por esa misma causa de la tenencia ilegal de ese DNI.
Como circunstancias agravantes, la fiscal valoró “el desprecio por las reglas de la convivencia democrática, la especial importancia de la víctima, el desprecio demostrado por las consecuencias negativas que podría acarrear el hecho para el devenir del país, el desinterés por las consecuencias negativas para las personas reunidas en aquella ocasión, la falta de arrepentimiento, el concurso de delitos que se le endilga a Sabag Montiel y, respecto de Uliarte, la especial virulencia de su odio contra Cristina Fernández de Kirchner”.
Como atenuantes, mencionó “la falta de antecedentes de ambos imputados al momento del hecho” y su “precaria red de contención social”.
La planificación
Baigún indicó que diversos elementos probatorios acreditaron que entre ambos acusados “existió una planificación para llevar a cabo el atentado".
En ese sentido, puntualizó que Sabag Montiel “se había acercado en otra ocasión para vender copitos (de azúcar) y estudiar el escenario" en que cual se iba llevar adelante el ataque.
La fiscal también describió la extensa prueba relativa a mensajes, chats y audios intercambiados entre Uliarte y Sabag Montiel en los que anticiparon y planificaron el ataque. Baigún recordó que, en uno de esos chats, los imputados hablaron de la posibilidad de alquilar un departamento cercano al entonces domicilio de Fernández de Kirchner con el objetivo de concretar el atentado.
La fiscalía señaló que, en la noche previa, Sabag Montiel mandó un mensaje al grupo de WhatsApp "Girosos" (conformado por otros vendedores de copitos), en el cual anticipó: "A Cristina quiero matar". En este mismo sentido, Baigún sostuvo que pudieron ser registradas búsquedas en Google por parte de Sabag Montiel bajo las siguientes temáticas: "Carta astral de Cristina Kirchner y carta natal de Cristina Kirchner". La fiscal explicó que esa búsqueda por parte del acusado tenía como finalidad comprender si en la fecha designada para el atentado "era probable que la entonces vicepresidenta muriera".
El arma
En relación al arma que utilizó Sabag Montiel para el intento de homicidio, la fiscal sostuvo que "estaba apta para el disparo, le pertenecía y sabía cómo disparar con ella".
En otro tramo de su exposición, Baigún afirmó: “Sabag Montiel tenía un arma de fuego de verdad. No era un arma de juguete, ni una pistola de agua. Esa arma estaba cargada con cinco municiones”.
Asimismo, la fiscal puntualizó que el imputado reconoció en su indagatoria que gatilló el arma contra Fernández de Kirchner y explicó que el hecho de que la bala no haya salido se pudo deber a varios motivos: el apuro de Sabag Montiel, la transpiración en sus manos o que no haya tirado con la suficiente fuerza la corredera del arma.
A su vez, la representante del Ministerio Público Fiscal también expuso un video elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el cual se podía observar y graficar la proyección lineal del arma en dirección a la víctima. "De acuerdo a la dirección del caño vemos que el disparo iba directamente a la cabeza. Si el disparo hubiera sido exitoso, habría provocado la muerte de la víctima”, afirmó.
El agravante de violencia de género
En el apartado desarrollado por la fiscal Labozzetta, la titular de UFEM fundamentó el agravante de violencia de género en forma de violencia política del que Fernández de Kirchner fue víctima en su condición de mujer política que ejerció la presidencia de la Nación en dos mandatos y la vicepresidencia en una oportunidad.
"¿Por qué se configura el agravante de femicidio? ¿Por qué está probada la violencia de género en un caso en el que a priori podría parecer que la relación jerárquica es contraria a la relación de género?. Es que el orden patriarcal es tan potente que ese “Don Nadie” (como se autodenominó Sabag Montiel en su indagatoria) entiende que tiene la potestad y la obligación o el mandato de castigar a la mujer que no ocupa su lugar en la jerarquía de poder y de revertir esa situación que entiende anómala. Es decir, debe restablecer el sistema jerarquizado de género”.
"Juzgar con perspectiva de género en casos como este implica correr el prejuicio de que las mujeres ‘fuertes’ o con poder no pueden ser víctimas de violencia de género. Este es un error, en el mejor de los casos, producido por un desconocimiento sobre el fenómeno femicida que el sistema normativo argentino e internacional no admiten, porque explican sobradamente la amplitud de la violencia de género a todos los ámbitos, no sólo al ámbito privado".
La fiscal Labozzetta hizo un recorrido acerca de la prueba del caso que sustentaba la violencia de género bajo su modalidad política y el contexto en el que se produjo el atentado, del que se valieron los imputados Uliarte y Sabag Montiel para perpetrarlo.
Concluyó explicando la relevancia que tenía para el caso una condena que aplique el agravante de femicidio para visibilizar los componentes de género en la violencia contra las mujeres políticas, reforzar el mensaje estatal de no impunidad y cumplir los compromisos internacionales de derechos humanos.
El aporte de Uliarte
La fiscal Baigún resaltó que diversos elementos de prueba acreditaron que Uliarte prestó una colaboración sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer, razón por la que se le imputó una participación necesaria en la tentativa de homicidio -que prevé la misma pena que el autor-.
En ese sentido, afirmó que la acusada le brindó a Sabag Montiel “su apoyo logístico y moral” y que sus aportes concretos fueron “co-decidir, planificar, discutir alternativas, escoger la mejor de ellas, motivar, apoyar y acompañar” al autor al lugar del hecho.
Sobre este punto, también se refirió a la indagatoria de Sabag Montiel, donde el imputado explicó que Uliarte “lo escuchó, lo acompañó y lo motivó a ejecutar el hecho”. La fiscal recordó que, entre otros textuales que comprometieron a la mujer en el atentado contra la entonces vicepresidenta, el acusado dijo: “Lo decidimos con Brenda. Yo la quería matar y ella quería que muera”.
Imputabilidad y pedido de absolución
Al descartar la posibilidad de que tanto Sabag Montiel como Uliarte sean declarados inimputables ante eventuales planteos de las defensas, la fiscalía hizo un exhaustivo repaso por los peritajes psiquiátricos y psicológicos a los que ambos fueron sometidos a lo largo del proceso y llegó a la conclusión de que, el día del hecho, fueron capaces de “comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones”.
En relación a la absolución requerida para Carrizo, la fiscal la fundamentó en que existen "pruebas que dan cuenta de que desconocía el plan de Sabag y Uliarte", en alusión al análisis que se hicieron de sus comunicaciones.
Tras finalizar la exposición de las representantes de MPF, el TOCF N°6 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de septiembre, cuando se prevé que comiencen a alegar las defensas.
