Cuando este jueves el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un trabajo consensuado de muchos sectores fue convertido en norma por el Congreso.
Se trata de un proyecto inédito, que logró una convergencia de amplio consenso social, en medio de la preocupación por el desfinanciamiento que las casas de altos estudios sufren desde diciembre de 2023.
La idea de darle previsibilidad a las conducciones a través de una ley, tuvo sus frutos.
En ese camino, la Universidad Nacional de Córdoba emitió un mensaje en la noche del jueves, agradeciendo tanto a diputados en un primer término, como a senadores, que votaron a favor y “respaldaron y apoyaron el proyecto que fue elaborado con el consenso de toda la comunidad universitaria”.
Por si hiciera falta recordar, la UNC resalta el impacto negativo de las decisiones oficiales hasta hoy afecta a los dos millones de alumnos del sistema y la contribución que las casas de altos estudios realizan “al crecimiento y la competitividad nacional”.
A su vez, en términos de las preocupaciones del Poder Ejecutivo, la Ley “no pone en riesgo el equilibrio fiscal”.
En un arduo trabajo, se buscó trazar una “reorientación de prioridades de políticas públicas”.
En la descripción, se destaca la importancia de la norma, que “garantiza los recursos para el funcionamiento” de las universidades, logra recomponer los salarios de los trabajadores, saqueados durante estos meses, actualiza los montos de las becas y propaga “la creación de un fondo para promover las carreras estratégicas”.