El escándalo detrás de los funcionarios de la Policía Caminera tuvo un nuevo capítulo este lunes.
Durante el mediodía se conoció que el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, dictó la prisión preventiva para Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera de Córdoba. La medida está enmarcada en la causa por asociación ilícita, donde está señalado como jefe de una banda integrada por otro seis imputados, en su mayoría efectivos de la Policía de Córdoba.
A Ochoa Roldán se lo acusa por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; encubrimientos por omisión de denuncia y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público; enriquecimiento ilícito por uso de información reservada con fines de lucro; peculado de servicio; coacción y extorsión.
Además quedaron alcanzados por la medida Gabriel Élido Burkhard (organizador), Martín Darío Heredia, Leonardo Javier Torres, Jorge Alberto Gutiérrez, Gastón Miguel Ochoa Roldán y Dante Gabriel Villalba, cada uno con distintos grados de responsabilidad.
En el caso de Gutiérrez y Gastón Ochoa Roldán, el fiscal fijó un plazo de 60 días de prisión preventiva. En cuanto a Villalba, se dispuso la excarcelación bajo una fianza real de 20 millones de pesos y otras condiciones.
Según la resolución, los elementos de prueba recolectados acreditan en esta etapa la existencia de una organización que actuaba de manera prolija y coordinada, con división de tareas y el objetivo de obtener beneficios económicos. La banda habría operado en distintos lugares de Córdoba, utilizando bienes y recursos estatales.
Guillermo González destacó la gravedad institucional del caso, al estar involucrados distintos funcionarios policiales de jerarquía y con años de servicios, que además ejercían como abogados.
¿Cómo actuaban?
La investigación determinó que la organización usaba móviles oficiales, bases de datos policiales y horarios laborales para actividades privadas. Entre ellas, desalojos irregulares de viviendas por los que cobraban entre el 20% y el 30% del valor de los inmuebles.
En audios incorporados al expediente, uno de los imputados explica: “Una recuperación de la propiedad tenés que calcular entre el 20 y el 30% del valor de la propiedad”.
En otro mensaje se detalla cómo se realizaban los desalojos: “Entramos en la casa y ya estamos de igual a igual con ellos adentro, con el grupo adentro. Va a haber dos opciones: o llegan a un acuerdo y se van pacíficamente, o los sacamos a patadas”.
Además de estas maniobras, se constató el uso de datos sensibles obtenidos en el 911 y en la División Antecedentes Personales de la Policía de Córdoba, que eran aprovechados con fines de lucro.
La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza la recolección de pruebas.