El 28 de agosto de 1948, en el Ministerio de Trabajo, Eva Perón anunció el Decálogo de la Ancianidad y solicitó que estos principios fueran incorporados a la legislación nacional.
Un año más tarde, en la Constitución de 1949, Argentina se convirtió en pionera mundial en reconocer y garantizar derechos específicos para las personas mayores.
El impacto fue inmediato: el 18 de noviembre de 1948, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esos mismos derechos, abriendo el camino para que otros países comenzaran a poner el foco en la protección y la dignidad en la vejez.
El Decálogo de la Ancianidad, que luego se integró a la Constitución, estableció diez derechos fundamentales para las personas mayores:
1. Derecho a la asistencia: protección integral a cargo de la familia o, en su ausencia, del Estado.
2. Derecho a la vivienda: acceso a un hogar digno, higiénico y con las comodidades necesarias.
3. Derecho a la alimentación: una dieta sana y adecuada para cada edad y condición física.
4. Derecho al vestido: ropa decorosa y apropiada, que complemente la dignidad personal.
5. Derecho al cuidado de la salud física: atención permanente y prioritaria.
6. Derecho a la salud moral: respeto a las creencias, valores y expresiones espirituales.
7. Derecho al esparcimiento: acceso a actividades recreativas y de entretenimiento.
8. Derecho al trabajo: posibilidad de realizar tareas productivas cuando las condiciones lo permitan.
9. Derecho a la tranquilidad: vivir los últimos años libres de angustias y preocupaciones.
10. Derecho al respeto: consideración y valoración por parte de toda la sociedad.
Más de siete décadas después, este decálogo sigue siendo un documento histórico de enorme vigencia. Fue un punto de partida para pensar la vejez desde la dignidad, la autonomía y los derechos humanos, inspirando marcos normativos en todo el mundo.