El Gobierno consiguió una cautelar para frenar la difusión de los audios de Karina Milei
Un juez federal en lo civil y comercial ordenó, a pedido del Gobierno, detener de inmediato la circulación de unos audios grabados en la Casa de Gobierno, que fueron vinculados a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Se trata del juez Alejandro Patricio Maraniello, que dispuso: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Tras el alto impacto de los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. esta resolución fue recibida con satisfacción por el Ejecutivo, que la consideró un respaldo frente a lo que calificaron como “una grave intromisión en la privacidad institucional”.
Para asegurar que la orden se cumpla, el fallo instruyó enviar un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), incluso durante días y horarios no laborables.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, compartió la noticia en sus redes sociales, afirmando que la Justicia reconoció que “el caso constituye una violación seria de la privacidad institucional y no un ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.
Esta medida pretende poner fin a la controversia surgida el viernes pasado tras la filtración de un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente instando a la "unidad" dentro del espacio libertario.
Los responsables de la filtración habían señalado que ese audio era solo un adelanto, lo que llevó al oficialismo a actuar con rapidez para frenar su difusión.
Frenar la difusión de más audios de Karina Milei
Simultáneamenteel Gobierno presentó una nueva denuncia ante la justicia federal penal para frenar nuevas difusiones de los audios.
La acusación fue formalizada por el Ministerio de Seguridad y asignada por sorteo al Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, actualmente a cargo del juez subrogante Julián Ercolini.
El Ejecutivo solicitó la prohibición inmediata de la divulgación de cualquier nueva grabación. Además, pidió “la adopción urgente de medidas cautelares para impedir la difusión de filtraciones ilegales, estableciendo la prohibición de divulgar o propagar material vinculado al caso, bajo apercibimiento de sanciones penales por desobediencia (artículo 239 del Código Penal)”.
También requirió la colaboración de medios de comunicación, plataformas digitales y demás organismos para garantizar el cumplimiento de la medida.
La denuncia, firmada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, describe la maniobra como “la captura clandestina, edición y difusión escalonada de audios privados manipulados de la secretaria General de la Presidencia y otros funcionarios”.
Asimismo, el documento apunta que el objetivo de los responsables es “influir de manera ilegítima en la opinión pública, generar alarma y desinformación, desestabilizar la economía y, con ello, afectar el desarrollo del proceso electoral de las próximas legislativas”.
Entre las personas señaladas como posibles involucrados se mencionan al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado como un operador judicial cercano al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.
