Elevaron a juicio la causa “Bomberos SA”, con el exsubjefe de Policía como principal señalado
Este lunes, el fiscal Guillermo González, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III en Córdoba, pidió la elevación a juicio de la causa “Bomberos SA”.
Se trata de una presunta asociación ilícita que funcionaba en el cuartel central de Bomberos y la Municipalidad de Córdoba que tenía por objetivo expedir certificados de inspección falsos a cambio de dinero.
Gustavo Folli, exsubjefe de Policía y exdirector de Bomberos, es uno de los principales señalados de la causa. Al parecer, Folli había sido el jefe y organizador de la banda desde el año 2008. Entre los delitos que se le atribuyen están asociación ilícita, falsedad ideológica, coacción, amenazas, lesiones graves por violencia de género.
La red continuó operando con Sergio Sosa como sucesor de Folli en la Dirección de Bomberos, y luego Julio Zárate tomó el mando en la fase final. Zárate, exmiembro de la fuerza, actuaba como gestor y ahora enfrentará cargos por cohecho activo, encubrimiento agravado y uso reiterado de documentos falsos en 11 hechos.
Pero la causa no sólo involucra a funcionarios. Roque Olmedo es otro de los acusados, vinculado a la empresa CYRE SA (supermercados Cordiez y Mercamax), también está acusado de ser miembro de la asociación y de delitos similares. Mario García y Felix Calama, ingenieros especialistas, eran los encargados de aportar informes técnicos falsos que ocultaban falencias en higiene y seguridad.
El documento expedido por la Fiscalía detalla que José Gorocito, chofer del subjefe de Policía, agilizaba los trámites. Eduardo Rivadero y Mónica Barrionuevo manejaban la oficina paralela.
La operación se basaba en una oficina paralela al Departamento de Proyectos y Asesoramientos Técnicos. Empezó en planta baja del cuartel y se mudó al primer piso, cerca de la Dirección. Allí se emitían certificados apócrifos entre 2008 y 2023, ignorando la Ley Nacional 19.587 y su decreto 351/79 sobre prevención de incendios.
Los gestores e ingenieros trataban directamente en esa oficina, pagaban sumas importantes y obtenían documentos que fingían ser inspecciones. Esto permitía a comercios seguir funcionando.
