El Senado aprobó el rechazo del veto presidencial a la Ley de Discapacidad
El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y terminó de torcer el brazo libertario.
La votación concluyó con sesenta y tres votos a favor y siete en contra. Al bloque de la Libertad Avanza se plegó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. En cambio Alejandra Vigo y Luis Juez se posicionaron en favor a la normativa.
Los senadores opositores se colgaron de sus bancas carteles escritos por personas con discapacidad en una sesión que fue presidida por Bartolomé Abdala, debido al viaje de Javier Milei hacia Estados Unidos.
El rechazo a un veto presidencial adquirió ribetes históricos debido a que el último casos fue veintidós años atrás.
La estrategia del equipo legal del gobierno libertario apunta a judicializar el resultado del Congreso de la Nación para evitar otorgar el aumento presupuestario.
A las 11:12, el Senado alcanzó el quórum necesario para iniciar la sesión con 39 senadores presentes. Con 33 ausentes y 15 aún sin identificación, quedó formalmente habilitado el debate.
Los primeros minutos se centraron en las cuestiones de privilegio. Legisladores cuestionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que consideraron un “ataque” a periodistas y medios que difundieron audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Pasada las 12.30, el Senado aprobó el tratamiento sobre tablas del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Con 62 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, se superó ampliamente la mayoría calificada requerida de 47 legisladores.
La ley había sido sancionada en julio con apoyo mayoritario. En ella, se prevé la actualización de prestaciones, mejoras en beneficios, compensación deudas con prestadores y ajuste de aranceles de acuerdo con la inflación. El Gobierno la vetó en su totalidad.
Si el Senado repite la decisión, se anularía un veto presidencial por primera vez en más de veinte años.
Cabe remarcar que el debate se da en medio del escándalo por las denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones revelan presuntos sobornos y recortes de pensiones con fines políticos, lo que derivó en investigaciones judiciales.
En paralelo, el cuerpo discutirá cambios a la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. El proyecto propone plazos más estrictos para el Congreso y que el rechazo en una sola cámara alcance para dejar sin efecto los DNU. Además, se busca precisar los criterios de necesidad y urgencia.
