Ley de Discapacidad: los transportistas presionan por la reglamentación de la emergencia
El Senado rechazó este jueves el veto presidencial y dejó firme la ley de emergencia en discapacidad. Con esta decisión, el Gobierno quedó obligado a promulgarla, aunque ya anticipó que avanzará por la vía judicial.
En Fuerte y Claro, por Canal 10, charlamos con Samanta Funes, abogada del Colectivo 3 de diciembre: Asociación Cordobesa de Transportistas al Servicio de Personas con Discapacidad. En sus palabras, la letrada explicó la importancia de la movilización del sector: “Muy orgullosos de que se hayan podido reunir más de 100 transportistas de toda la provincia. Eso demuestra la confianza en este tipo de movilizaciones y en el compromiso de garantizar este derecho”.
La norma, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, dispone la actualización automática de aranceles según el IPC y el valor del combustible. También reconoce deudas retroactivas desde diciembre de 2023.
Sin embargo, Funes advirtió que el escenario sigue abierto: “Empezamos otra etapa. Ahora hay que estar más alerta que nunca sobre cómo van a ser esos cálculos respecto de las deudas de los transportistas. De los últimos 20 años este es el peor año del sector”.
El oficialismo, en tanto, analiza judicializar la medida. Se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige detallar las fuentes de financiamiento de cada gasto no previsto en el presupuesto. Según cálculos del Ejecutivo, el costo fiscal rondaría entre 0,25% y 0,45% del PBI.
La abogada remarcó que la reglamentación será clave: “En Argentina hemos tenido otras legislaciones donde las reglamentaciones demoraron o nunca llegaron. Uno espera que no pase lo mismo. El propio texto habla de unos 30 días”.
Es la primera vez en 22 años que el Congreso logra revertir un veto presidencial. Para los transportistas, el desafío ahora será controlar que lo votado se traduzca en medidas concretas.
