El Senado debate este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La oposición logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma, y debate con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.
La jornada de hoy promete ser otro cachetazo para el gobierno libertario: si logran voltear el veto, sería otro revés institucional para el Ejecutivo tras los rechazos este miércoles los vetos a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario.
El tratamiento del veto es el primer punto del orden del día.
El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley tras el veto.
El temario
Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.
También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.
Por último, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.