Las graves acusaciones que vinculan al legislador José Luis Espert con redes de narcotráfico exigen una respuesta contundente que trascienda la presunción de inocencia, principio que rige para cualquier ciudadano, pero que no puede ser un escudo para la impunidad de un funcionario público.
La función exige un estándar ético superior. Desde la moral pública, un representante investigado por un delito de tan grave, como el narcotráfico, pierde irrevocablemente la autoridad y la confianza para legislar. Legalmente, la Constitución y la Ley de Ética Pública consagran la probidad como base del servicio, y el Código Penal tipifica delitos como el encubrimiento y la asociación ilícita.
De corroborarse estos vínculos, configurarían un "mal desempeño" y la comisión de delitos en el ejercicio de su función, fundamentos sólidos para su remoción e inhabilitación política inmediata. Permitir que continúe en su cargo o se postule nuevamente no solo sería una burla a la justicia, sino la rendición de la democracia ante la sombra del crimen organizado.