El Gobierno promulgó la ley de Financiamiento Universitario, pero no la aplica
Recurriendo al artículo 5° de la Ley N° 24.629, referido a la ejecución del gasto público, el Gobierno dio un paso más en la degradación del sistema educativo nacional. En este caso, el superior.
Puntualmente, porque este martes promulgó la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso por amplia mayoría había ratificado tras el veto presidencial, pero -como se preveía- también decidió no implementar.
En realidad, el decreto que la deja en suspenso (el 759/2025, lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello) le pide al Congreso que resuelva de dónde saldrán las partidas para tal fin.
El contexto es la discusión del Presupuesto 2026, que la administración central pone en debate, pero con amplios condicionamientos.
Mientras tanto, trabajadores del sector realizan un paro este martes en todo el país.
De qué se trata
En pos de un “equilibrio fiscal” que sólo el Presidente y el Ministerio de Economía resuelven, se continúa con la negativa a aplicar una normativa que resuelva la agudización del desfinanciamiento al que son sometidas las casas de altos estudios hace casi dos años.
En su texto se busca darle solución a los gastos operativos y se exige una necesaria recomposición salarial tanto del personal docente como nodocente, que incluye que se adhieran sumas no remunerativas y no bonificables a los sueldos básicos.
Pero la Ley también busca asegurar los recursos en investigación, tecnología extensión universitaria y formación del personal docente.
Según registros propios, la negativa del Poder Ejecutivo se basa en que su implementación le demandaría al Estado más de un billón de pesos para este en 2025, que no está dispuesto a destinar.
