El Concejo Interuniversitario Nacional resolvió en una reunión extraordinaria realizar una presentación judicial para que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.
Además de la acción judicial, los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación", expresó la Universidad de Buenos Aires en un comunicado previo.
La Ley de Financiamiento Universitaria fue aprobada en ambas cámaras y ratificada después del veto del presidente Javier Milei.
"Implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”, expresó la casa de altos estudios a través de un comunicado.
Un reciente informe de la UBA indicó que desde diciembre de 2023 los salarios docentes perdieron un 40% y desde mayo del 2024 los gastos operativos registran una caída real del 30%.
"Hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica", expresó el informe académico.