El Congreso sancionó y promulgó —aunque sea por vía ficta— leyes fundamentales: la de Discapacidad, la de Universidades y la del Hospital Garrahan. Son normas votadas por la representación del pueblo y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno Nacional las ignora bajo la excusa de que “no hay plata”, mientras sigue gobernando con un presupuesto reconducido que puede reasignar discrecionalmente.
El problema no es económico, es político. La inacción del Ejecutivo vulnera la Constitución y el principio republicano de división de poderes. Si una ley puede ser desconocida por decisión presidencial, el Estado de Derecho se debilita.
El Congreso debería promover ante la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad por omisión, y los actores sociales —universidades, sindicatos, asociaciones de discapacidad— impulsar amparos y movilizaciones.
Cumplir la ley no es una opción: es la base mínima de la democracia. Y cuando un presidente desobedece las leyes, no sólo desatiende derechos: erosiona el pacto institucional, desprecia al Congreso y pone en riesgo la legitimidad misma del sistema republicano.