La Municipalidad de Cosquín enfrenta un panorama de posible quiebra debido a la ejecución de un juicio relacionado con un préstamo del año 2001 a los empleados municipales.
El intendente Raúl Cardinali dijo que el proceso judicial se inició porque veinticuatro años atrás el municipio se hizo “solidariamente responsable” del descuento por planilla de un préstamo para empleados municipales pero el dinero nunca llegó a la financiera que otorgó en aquel momento 600 mil dólares.
El grupo inversor que tomó el juicio tras la quiebra de la financiera reclama en la actualidad cerca de seis millones de dólares, según detalló Cardinali.
Sin embargo esto no sería lo más preocupante en el corto plazo, ya que la declaración de emergencia económica en el Concejo Deliberante exime al municipio de hacer frente a este pago.
La alerta en Cosquín se disparó cuando el abogado que representa a la financiera, Ariel Díaz Yofre, hizo una segunda presentación por el cobro de sus honorarios cuyo monto asciende a mil cien millones de pesos.
En este caso el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital ordenó el embargo del 33% de la coparticipación provincial.
“Tenemos que darle las llaves al juez, a los abogados, que vengan a gobernar ellos porque la ciudadanía de Cosquin por los próximos 20 años va a tener que penarla mucho”, afirmó Cardinali.
Los representantes legales del municipio del Vall de Punilla hicieron una presentación para evitar la aplicación del embargo.