La diputada nacional Gabriela Estévez presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para que se suspenda el proceso de privatización de la empresa que opera la generación de energía nuclear (NA-SA).
Esta acción judicial busca proteger los derechos de los usuarios y consumidores establecidos en el Artículo 42 de la Constitución Nacional y afirma que la medida compromete la continuidad, eficiencia y precio justo del servicio eléctrico.
“La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares”, señala la presentación judicial.
La representante de Córdoba precisó que el amparo se funda en tres agravios constitucionales principales:
Omisión de Audiencia Pública: la decisión de transferir un generador clave, que impacta directamente en la estructura de costos y las tarifas de los usuarios, se tomó sin convocar la Audiencia Pública previa y obligatoria.
Irregularidad Constitucional: se cuestiona la validez formal del proceso de privatización, señalando que introduce una incertidumbre jurídica y de control sobre la gestión de un servicio público esencial, al carecer de una base legal vigente adecuada.
Afectación al Derecho de Usuarios y Seguridad: la transferencia irregular de un activo nuclear estratégico fuera del control constitucional pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a un servicio de calidad y a un ambiente sano y seguro (Art. 41 CN), generando un riesgo ambiental y de seguridad colectiva.