La causa que investiga irregularidades en el seno del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se encamina al veredicto.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, elevó este miércoles los pedidos de pena para la cúpula del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.
Como se presumía en la previa, y según el tono de los alegatos, las solicitudes de prisión son altas, especialmente para las máximas autoridades del gremio al momento de ocurrir los hechos denunciados.
Mabel Sessa, abogada querellante y representante de afiliados del gremio, remarcó a Canal 10 que, además de las penas de prisión, solicitan la inmediata inhabilitación para ejercer cargos sindicales para todos los acusados.
Para Gabriel Suárez, quien fue secretario general del gremio mientras sucedieron las supuestas defraudaciones, entre 2011 y 2019, la fiscalía pidió 10 años de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de $15,6 millones.
Para el actual titular del gremio, Jorge Molina Herrera, la fiscalía pidió 9 años y 6 meses de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de $67,5 millones.
Para Fernando Navarro, responsable de las arcas del gremio, 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.
Según la acusación, éstos tres habrían sido los principales autores de las maniobras de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.
En sus alegatos finales, el fiscal Casas Nóblega sostuvo que “existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos”.
